Internacionales
Gobierno de Perú abrirá investigación contra Dina Boluarte por presunto plagio académico

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este martes que se abrirá una indagación por el presunto plagio académico cometido por la presidenta Dina Boluarte, mismo que fue denunciado el domingo en una investigación periodística del canal de televisión Latina.
“Esta denuncia, como todas las que han ocurrido en nuestra gestión, va a ser investigada. Debo precisar y reiterar la honestidad y la siempre conducta ética de la presidenta que está fuera de toda discusión”, afirmó Otárola en un encuentro con los medios de comunicación.
Añadió que el Gobierno ha visto “con atención esta denuncia periodística” y que, “en su momento”, expresarán “lo conveniente”.
Este domingo, el programa dominical Punto Final reveló que, de acuerdo con su investigación, la presidenta y otros siete autores escribieron el libro “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” en 2004, cuyo contenido es plagio en un 55%.
El equipo periodístico del programa escaneó las páginas y las sometió al escrutinio del software antiplagio Turnitin, y el resultado arroja una coincidencia con textos precedentes en más de la mitad de su contenido que los autores no citan ni refieren en el libro.
El programa detalló que Boluarte incluyó esta publicación en su curriculum vitae cuando se presentó en 2007 para asumir un cargo público en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero años más tarde lo eliminó de su trayectoria laboral.
“La Unidad de Investigación de Latina Noticias identificó el libro. Lo revisó a detalle de manera automática, y manual, durante el último mes, para dar con un resultado abrumador: que el 55 % de su contenido, proviene de fuente no citada”, sostuvo el jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Cristopher Acosta.
El reportaje mostró que la citada herramienta digital Turnitin permitió obtener las fuentes originales del libro, tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que no fueron citados.
Por el momento, la presidenta no ha hecho referencia a la investigación
Por su parte, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, indicó que la presidenta está dispuesta “permanentemente” a permitir que se realicen las investigaciones pertinentes y deseó que esta situación sea aclarada lo antes posible.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.