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La Internacional Villahermosa

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Francia garantiza la libertad de aborto en su Constitución

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El lunes 4 de marzo de 2024, la “libertad garantizada” de abortar quedó consagrada en la Constitución francesa, luego de una votación histórica que convirtió a Francia en el primer país en blindar esta práctica, enviando un mensaje al mundo tras varios reveses.

Con 780 votos a favor, superando los 512 requeridos, los legisladores adoptaron esta reforma constitucional durante un Congreso extraordinario de ambas cámaras en el Palacio de Versalles, al oeste de París.

“Un mundo de esperanza comienza”, declaró el primer ministro centro-derechista Gabriel Attal, asegurando que esta decisión envía un mensaje claro, especialmente en un momento en que la práctica “sigue en peligro” en el mundo, “a merced de aquellos que deciden”.

La ceremonia final de inscripción del aborto en la Constitución está programada para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, anunció el presidente Emmanuel Macron, celebrando el evento como “un orgullo francés, mensaje universal”.

Casi medio siglo después de la despenalización del aborto en Francia, el amplio apoyo social al derecho a interrumpir el embarazo se vio reflejado en la gran mayoría legislativa que respaldó esta medida, uniendo tanto a la oposición de izquierda como al oficialismo.

El proceso legislativo se inició como respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 de dejar de reconocer el derecho al aborto a nivel federal, lo que generó preocupación en Francia y activó la acción política.

Anteriormente, Chile había intentado introducir el derecho al aborto en su proyecto de nueva Constitución en 2022, pero fue rechazado por los ciudadanos en referendo.

Por otro lado, algunos países, como República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras y El Salvador, prohíben implícitamente el aborto en sus Constituciones al defender el derecho a la vida desde la concepción.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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