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La Internacional Villahermosa

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Fijan fecha para audiencia inicial contra Donald Trump en Washington

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Una jueza fijó el 4 de marzo de 2024 para el inicio del juicio federal al ex presidente Donald Trump por acusaciones de tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020.

La decisión de la jueza Tanya Chutkan negó la petición de la defensa del empresario de postergar el proceso hasta abril de 2026, casi un año y medio después de las elecciones, pero establece una fecha más allá de la de enero que pedía el equipo del fiscal especial Jack Smith.

De cumplirse la fecha, será en medio del proceso interno republicano para nombrar un candidato y el día anterior al Super Martes, el día en que se decide el mayor número de delegados.

La fijación de la fecha del juicio se produjo a pesar de las fuertes objeciones del abogado de Trump, John Lauro, quien subrayó que los abogados defensores habían recibido una enorme cantidad de registros del equipo de Smith (un fiscal estimó el total en más de 12 millones de páginas) y que el caso se refería a cuestiones legales novedosas que requerirán mucho tiempo para resolverse.

La fiscal Molly Gaston respondió que la población tenía un interés incuestionable en hacer avanzar el caso y dijo que la defensa conoce bien las pruebas generales del caso desde hace mucho tiempo.

El ex presidente republicano fue acusado este mes de cuatro cargos de tramar para revertir su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

Es uno de cuatro casos penales contra Donald Trump. El equipo de Smith le ha entablado un caso federal separado, acusándole de retener ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y de negarse a devolverlos. La fecha para el inicio de ese juicio es el 20 de mayo del próximo año.

Trump también enfrenta procesos estatales en su contra en Nueva York y Georgia. La fiscalía de Manhattan le acusa de falsificar registros empresariales en conexión a pagos a una actriz porno que dice haber tenido una relación extramarital con el ex mandatario. 

En Georgia, la fiscalía del condado Fulton acusa a Trump y a otras 18 personas de una trama para revertir los resultados electorales en ese estado.

Donald Trump, hasta ahora el favorito entre los republicanos para ser su candidato presidencial, se entregó el jueves en ese caso de Georgia, lo que produjo el primer retrato de fichaje policial de un ex presidente de Estados Unidos. 

Trump insiste en que los procesos en su contra son parte de una campaña política para impedir que regrese a la Casa Blanca.


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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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