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La Internacional Villahermosa

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FBI ve baja de 12% en crímenes de odio

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El más reciente informe del FBI sobre crímenes de odio sorprendió a las organizaciones independientes que siguen el tema. De acuerdo con este reporte, las agresiones contra minorías étnicas, religiosas y sexuales disminuyeron un 12%, al pasar de 8 mil 263 en 2020 a sólo 7 mil 262 en 2021.

El Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo (CSHE) de la California State University señala exactamente lo contrario: la violencia continúa creciendo, en algunos casos a niveles exorbitantes, como los crímenes racistas contra personas asiáticas, que aumentaron un 224%. La violencia hacia judíos, comunidad LGBT+ y latinos también creció en este periodo.

En realidad, el FBI presentó un informe defectuoso porque fracasó en reunir los datos de todo el país, debido a que una nueva plataforma de reporte de crímenes no fue utilizada por la tercera parte de las comandancias de policía, según explicó la fiscal general adjunta Vanita Gupta.

Sin embargo, los críticos señalan que el problema es mucho más grave que tener algunos pequeños departamentos de policía en localidades remotas que no comparten esa información, pues se trata de estados casi completos (de California a Florida) y 35 de las mayores ciudades (como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Phoenix y Miami), que concentran una amplia población expuesta a agresiones y la mayor parte de estos ataques.

“Este informe no sólo está incompleto sino que da la falsa impresión de que las cosas mejoran”, afirmó Brian Levin, director del CSHE, en una serie de tweets que detallan las inconsistencias del FBI. La falta de reportes, añadió, “mató la precisión de los totales nacionales”.

En 2020, el 93% de los departamentos de policía y agencias de seguridad presentaron sus datos al FBI, pero en 2021 sólo lo hizo el 65 por ciento, tras la entrada en operación de su Sistema Nacional de Información Basado en Incidentes (NIBRS, por sus siglas en inglés).

En California, por ejemplo, sólo 15 agencias, de un total de 740, presentaron sus cifras. Si en 2020 se reportaron mil 339 crímenes de odio, en 2021 sólo fueron 73. Con datos del gobierno estatal, el CSHE indica que el dato correcto es mil 763, un incremento del 33%

Según Levin, la cifra real de 2021 es tan alta que bastaría con incorporar las estadísticas de la ciudad de Nueva York y del estado de California para superar los 9 mil incidentes, muchos más que los de 2020.

El Informe a la Nación del CSHE, que toma las cifras directamente de los departamentos de policía (la misma que el FBI no recogió), señala que los crímenes de odio aumentaron, de 2020 a 2021, un 39 por ciento en las 10 mayores ciudades de Estados Unidos, con saltos especialmente grandes en las ciudades de Filadelfia (+230%), Nueva York (+96%) y San Diego (+86%), y en los estados de Utah (+87.5%), Misuri (+59%) y Nueva York (+56%).

Por su parte, las principales organizaciones judías de Estados Unidos también lanzaron críticas fuertes contra el informe del FBI, que reportó 324 crímenes contra esa población en todo el país, mientras que sólo en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles –excluidas del documento– se registraron 287.

La enorme subestimación “esencial e inexcusablemente borra la experiencia vivida por las comunidades marginadas en todo el país”, afirmó en un comunicado Jonathan Greenblatt, director del grupo judío Liga Antidifamación.

Y por si le faltaran problemas al FBI, el martes se dio a conocer que su programa Infragard, con el que sus expertos y los de empresas privadas construyen mecanismos de protección ante amenazas cibernéticas, fue hackeado. Los datos de 80 mil contactos de su base de datos fueron puestos a la venta.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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