La jueza federal Tanya Chutkan cerró el caso contra Donald Trump por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021, tras la solicitud del fiscal especial Jack Smith. La decisión obedece a la política del Departamento de Justicia que impide procesar a un presidente en funciones. Aunque el caso queda suspendido, el fiscal dejó abierta la posibilidad de reactivarlo cuando Trump deje el cargo, previsto para 2029.

El fiscal destacó que esta situación es inédita, ya que Trump fue elegido presidente después de ser procesado penalmente. Smith canceló todas las fechas judiciales previas y argumentó que, si bien la postura del gobierno respecto a la acusación no ha cambiado, las circunstancias sí lo han hecho, aludiendo a la necesidad de seguir las políticas históricas del Departamento de Justicia.

Desde 1973, durante el caso Watergate, se estableció la práctica de no acusar penalmente a un presidente en funciones. En este contexto, Smith aclaró que la Constitución prohíbe el enjuiciamiento de un mandatario en ejercicio, lo que llevó a solicitar la desestimación de las acusaciones antes de que Trump asuma el cargo nuevamente.