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Difieren audiencia de Emilio Lozoya

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Una jueza difirió la audiencia por el caso Odebrecht en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputar a Emilio Lozoya Austín, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña.

El abogado Alejandro Rojas Pruneda sustentó su petición en que no han obtenido dos pruebas periciales consistentes en un dictamen de contabilidad y otro en materia de derecho extranjero, pruebas que pretenden presentar en un probable juicio.

También afirmaron que la FGR no les ha entregado cuatro discos compactos que contienen declaraciones ministeriales de directivos de la constructora brasileña Odebrecht, que inculpan a Emilio Lozoya en la trama de corrupción.

El Ministerio Público de la Federación reconoció que, desde marzo que lo solicitó la defensa de Lozoya Austin, no le han podido entregar los cuatro discos compactos.

La apoderada legal de Pemex, Dayrén Zambrano, aseguró que no se podido concretar un acuerdo con Emilio Lozoya a fin de cancelar el proceso en su contra, por lo que se declararon listos para que se lleve a cabo la audiencia intermedia y se lleve a juicio.

La FGR se centró en dos momentos: el primero, cuando Lozoya pidió a Odebrecht recursos millonarios para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y la constructora brasileña entregó parte de lo solicitado. 

El segundo cuando Odebrecht entregó como soborno 6 millones de dólares para obtener contratos de obra pública de Pemex, en particular el de la refinería de Tula, mismo que le fue adjudicado a la constructora brasileña en 2014.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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