Internacionales
Detiene a ex primera ministra de Perú por presunta conspiración con Castillo

La policía de Perú arrestó a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento de un autogolpe del exmandatario Pedro Castillo.
La policía detuvo a Chávez en el domicilio de sus familiares en la sureña ciudad de Tacna, donde llegaron varios agentes para hacer cumplir una orden del Poder Judicial, según imágenes transmitidas por un canal de televisión local.
Poco antes de su detención, la exfuncionaria había realizado una transmisión en vivo por Tik Tok, diciendo que esperaba a la policía luego de hacerse pública la disposición judicial. Chávez fue trasladada a una carceleta de Tacna, a la espera de dónde sería transferida mientras la investigan, según la policía.
Chávez es investigada además junto a otros exministros del gobierno anterior como presuntos coautores del delito de rebelión, en relación al anuncio de Castillo en diciembre de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Tras el fallido autogolpe, Castillo fue destituido por el Congreso y luego capturado, provocando protestas que dejaron en tres meses decenas de muertos en enfrentamientos con la policía y en accidentes relacionados a violentos bloqueos de carreteras.
La orden de captura fue dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, “ante el pedido de 18 meses de prisión preventiva” contra Chávez solicitada por la fiscalía, de acuerdo a un tuit del Poder Judicial.
Chávez, una abogada y férrea defensora de Castillo, ha rechazado varias veces de haber participado o tenido conocimiento del intento de autogolpe del expresidente, al igual que otros dos exministros de Castillo que también son investigados en el caso pero están en libertad.
De acuerdo a la investigación fiscal, imágenes de Palacio de Gobierno y testigos, Chávez estuvo en Palacio de Gobierno junto con Castillo, antes y durante el discurso del autogolpe.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.