Internacionales
Corte impide a Biden cancelar deudas estudiantiles

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acabó este viernes con el plan del Gobierno de Joe Biden para cancelar la deuda estudiantil de millones de estudiantes universitarios.
En una decisión de la mayoría conservadora de la corte, y a la que se opusieron las tres juezas progresistas, el tribunal consideró que la Administración de Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas.
El plan había sido propuesto por el líder demócrata para aliviar parte de las dificultades económicas causadas por la pandemia de Covid-19, pero fue recurrido por fiscales generales de varios estados gobernados por republicanos.
En una decisión escrita por el presidente del tribunal, John Roberts, los jueces le dan la razón al estado de Missouri, que argumentó que la medida de cancelación de deuda afectaría a los ingresos de un ente estatal que gestiona préstamos para estudiantes.
En este sentido, Roberts explicó que la ley estadounidense permite al secretario de Educación, Miguel Cardona, “hacer ajustes modestos y adiciones a las regulaciones existentes (…), no transformarlas”.
Estas modificaciones, según Roberts, crearon “un nuevo plan fundamentalmente diferente para perdonar la deuda”.
En una opinión de disentimiento escrita por la jueza Elena Kagan y apoyada por las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, las tres magistradas progresistas defienden que “en todos los aspectos, el tribunal hoy sobrepasa su papel adecuado y limitado en el gobierno de nuestra nación”.
A finales de agosto del año, Biden anunció que iba a perdonar parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con la administración federal para poder pagar sus estudios.
Sus oponentes habían argumentado que el plan supondría un coste de 400 mil millones de dólares para el erario público durante los próximos 30 años.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.