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Congreso de Oaxaca propone castigar con hasta 7.5 años de cárcel el saqueo de vehículos accidentados
El Congreso del Estado de Oaxaca analiza una propuesta de reforma al Código Penal que endurecería las penas por el robo de mercancía en vehículos involucrados en accidentes viales.
La iniciativa establece sanciones de 1 a 5 años de prisión para quienes cometan este tipo de delitos, y hasta 7 años y medio si los hechos ocurren en carreteras estatales. La propuesta responde al incremento de saqueos tras percances automovilísticos, una problemática que ha ido en aumento en la entidad.
Actualmente, el Código Penal de Oaxaca solo contempla castigos de 3 meses a 3 años de prisión para robos cometidos en contextos de disturbios, sismos o incendios. Sin embargo, la legislación aún no contempla específicamente los saqueos en siniestros viales.
De aprobarse, la reforma representaría un avance en la protección de bienes durante emergencias y accidentes, y buscaría disuadir conductas oportunistas que afectan tanto a particulares como a empresas transportistas.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones para esclarecer la muerte de Dafne, una adolescente de 13 años originaria de El Mante, quien falleció mientras se encontraba en una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.
De acuerdo con información preliminar que ha trascendido, la necropsia habría establecido como posible causa de muerte la asfixia por sumersión. Sin embargo, este resultado aún deberá ser confirmado oficialmente por las autoridades ministeriales conforme avancen las diligencias.
La Fiscalía informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existieron omisiones o responsabilidades por parte del personal de la institución.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el caso.
El fallecimiento de la menor ha generado indignación entre la ciudadanía y sus familiares, quienes exigen que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley.
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