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La Internacional Villahermosa

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Congreso de EU desclasificará documentos sobre origen del COVID-19

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Foto: Internet

El Congreso estadounidense aprobó este viernes un proyecto de ley que solicita a la directora nacional de Inteligencia, Avril Haines, desclasificar la información relativa al origen del COVID-19.

Tras su autorización en el Senado el pasado 1 de marzo, la Cámara de Representantes dio su visto bueno unánime con 419 votos a favor y ninguno en contra.

El texto apunta que hay razones para creer que la pandemia de COVID-19 se originó en un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan (China) y cree que Haines debería “desclasificar y poner en disposición del público toda la información posible”.

El objetivo, según ese proyecto de ley, que Estados Unidos y otros países puedan identificar el origen “lo antes posible” y usar esa información para tomar las medidas que no permitan que haya pandemias similares.

El proyecto de ley pretende que esa desclasificación tenga lugar como muy tarde 90 días después de la promulgación, que ahora solamente tiene pendiente la firma del presidente estadounidense, Joe Biden.

Entre los datos solicitados se busca información de investigaciones sobre el coronavirus que el laboratorio de Wuhan haya efectuado antes del surgimiento del COVID-19, y de los investigadores que enfermaron en el otoño de 2019, incluido si visitaron algún hospital mientras estaban enfermos.

El director de la policía federal estadounidense (FBI), Christopher Wray, expresó a finales de febrero su creencia de que la pandemia fue causada “probablemente” por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reconoció después que en el seno de la Administración estadounidense no hay consenso sobre el origen de la pandemia y que Washington quiere “hechos” para poder evitar otras pandemias en el futuro.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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