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Cómplice de Nassón Joaquín se declara culpable de abuso sexual y otros delitos
La mujer a quien las autoridades en California señalan como la principal cómplice del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, Alondra Ocampo, se declaró culpable, de acuerdo con documentos.
La mujer a quien las autoridades en California señalan como la principal cómplice del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, Alondra Ocampo, se declaró culpable, de acuerdo con documentos.
Ocampo se declaró culpable de cuatro cargos criminales, según informaciones de la Corte Superior de California en Los Ángeles.
Los cargos son por contactar a menores de edad con intención de cometer delitos, y por cometer un acto forzado de penetración sexual.
La Fiscalía General de California acusó a Alondra Ocampo de ser la reclutadora y preparadora de menores de edad a quienes enviaba al llamado apóstol para que sostuvieran relaciones con el líder de La Luz del Mundo.
Ocampo pedía a las menores que se desnudaran y tomaran fotografías de sus partes íntimas para enviarlas a Naasón Joaquín García, quien mediante esas fotos hacía selecciones, según la fiscalía.
La mujer, de 37 años, advertía a las menores que negarse a complacer a García equivalía a rechazar al apóstol de Jesucristo, así que tenían que bailar para el dirigente con la menor cantidad de ropa.
Mientras García enfrenta 36 cargos criminales y una fianza de 90 millones de dólares, Alondra Ocampo está detenida bajo fianza de 25 millones de dólares.
Ni los abogados de Ocampo ni los de Naasón Joaquín García respondieron a solicitudes de la prensa.
La sentencia contra Ocampo será dictada hasta el 22 de abril. La fiscalía tampoco ha esclarecido si alcanzó un acuerdo con Ocampo para testificar en contra del líder de La Luz del Mundo.
Al declararse culpable, Alondra Ocampo reduce su potencial condena y si acuerda testificar contra García tendría concesiones adicionales.
Por su parte, Naasón Joaquín García se declaró inocente de las tres docenas de cargos en su contra.
Los cargos se basan en miles de imágenes y videos que la fiscalía encontró en el teléfono celular de Naasón Joaquín cuando fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el 3 de junio de 2019, procedente de Guadalajara.
La fiscalía cuenta con por lo menos cuatro testigos que aseguran que fueron víctimas de violación sexual, abuso, coerción con base en creencias religiosas, relaciones sexuales con un menor varón y tráfico con intención de explotación sexual.
Todos los abusos ocurrieron en California, entre febrero de 2016 y noviembre de 2017.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.
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