El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que varios testigos del caso Ayotzinapa que presuntamente estaban involucrados en la desaparición fueron torturados.

“Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada”, aseguró el fiscal especial del caso, destacando que “tenemos más de 40 vídeos que fueron aportados a la investigación […] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables”. 

El material forma parte del expediente que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; el cual documenta la manipulación «masiva y sistemática» de las evidencias para fabricar la verdad histórica, de acuerdo con Milenio.

Dichos interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015. Los funcionarios consultados por el periodista Temóris Greko revelaron que en los videos aparecen el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el jefe antisecuestros, Gualberto Ramírez; así como otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos.

El objetivo era «desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir que se olvidaran de lo que sabían que pasó, para que repitieran la verdad histórica. Por ello, los sometieron a tratos inhumanos.

La investigación determinó que la voz que se escucha en varios videos es la de Tomás Zerón, de acuerdo con un peritaje internacional. Además, en el expediente están documentados escenarios del crimen, fabricación de pruebas; destrucción o inutilización de evidencias; omisión de procedimientos y de líneas de investigación; indagatorias insuficientes o desestimadas; desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos están distribuidos en 57 carpetas digitales que también contienen pruebas forenses, incluidas las de los teléfonos celulares que fueron extraídos de forma ilegal por la PGR. La Unidad de Investigación del caso utilizará las evidencias y testimonios para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos que falsificaron la investigación oficial.

Con información de Milenio