Lo que no logró el sistema judicial mexicano lo consiguieron las prisiones de Estados Unidos gracias a un confinamiento de 23 horas al día, celdas de tres metros cuadrados y luz del sol durante apenas una hora al día. Los capos más bragados, poderosos y sanguinarios del país, una vez extraditados hacia aquel país, empiezan a saber lo que es vivir en un infierno carcelario sin la relativa laxitud de la que podrían gozar en prisiones de su tierra natal.

Además de Joaquín El Chapo Guzmán, quien la semana pasada envió una carta al juez denunciando que le han impedido hacer llamadas a sus hijas y hermana, al menos otros cuatro peligrosos narcotraficantes se han sumado a las quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos:

Vicente Zambada Ortiz
Hijo de Ismael El Mayo Zambada García, aseguró que no se le brindaba ropa para soportar las bajas temperaturas de menos cero grados que se alcanzan en temporada de invierno en Chicago. También argumentó que no podía recibir llamadas, ver a su familia ni tampoco le querían cortar el cabello, lo cual le provocaba daños psicológicos.

Benjamín Arellano Félix
Ex líder del Cártel de Tijuana, ha enviado varias peticiones al juez para que lo libere porque los años en reclusión han minado su salud. Alega que padece hipertensión, una prediabetes a punto de convertirse en diabetes, obesidad y disfunción hepática.

Efraín Pérez 
Conocido como El Efra o El Pozolero, dijo que tiene padecimientos como enfermedad arterial coronaria, deficiencia renal, diabetes e hipertensión.

Carlos Montemayor González
Apodado El Charro, fue suegro del narcotraficante Édgar Valdez Villareal, conocido como La Barbie, ha denunciado aislamiento y pedido “clemencia” para poder mejorar sus condiciones en prisión.

El pasado 7 de agosto, El Chapo Guzmán envió una carta al ya célebre juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan –el mismo que sentenció al capo mexicano a pasar el equivalente a dos vidas en prisión– en la que denunciaba violaciones a sus derechos humanos, pues se halla restringido en la comunicación a sus familiares y porque se le ha imposibilitado el acceso a documentos en su idioma, el español.

El mundialmente conocido recluso se dijo víctima de discriminación por parte de las autoridades de la prisión ADX Florence, en Colorado –conocida como el Alcatraz de las Rocallosas o Supermax, por sus medidas de máxima seguridad–, en la que se encuentra recluido desde 2019. Guzmán Loera acusa que sufre medidas de seguridad extrema con el pretexto de que antes se fugó de una prisión en México.

Pero lo que más lastima al capo es que desde hace meses no le autorizan más llamadas telefónicas con su hermana y con sus niñas.

Desde el punto de vista de las autoridades estadunidenses, el “pretexto” para aislarlo podría estar muy justificado: el líder del Cártel de Sinaloa se escapó por primera vez de la prisión de alta seguridad conocida como Puerta Grande, en Jalisco, en 2001. La segunda huida se dio del penal, también de supuesta máxima seguridad, popularmente llamado de El Altiplano, en el Estado de México, en 2015.

Al menos en tres ocasiones Joaquín Guzmán ha enviado misivas al juez para intentar flexibilizar las medidas de seguridad a las que fue sometido. Mandó la primera carta en 2019, al denunciar que no contaba con aire fresco ni luz solar natural. Aseguró que la bombilla eléctrica de su celda estaba siempre encendida, lo que le generaba un insomnio cruel.

Dijo que tenía cicatrices psicológicas y síntomas de angustia derivado de los castigos injustificados a los que fue sometido.

Joaquín Guzmán, sin embargo, no es el único recluso con prominente carrera criminal que se ha quejado de sufrir presuntos abusos por parte de las autoridades penitenciarias de Estados Unidos. En una revisión que realizó MILENIO acerca de narcotraficantes de alto perfil que están encarcelados en este país, se detectaron al menos cuatro casos que denunciaron supuestas torturas por parte de los responsables de las prisiones élite.