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La Internacional Villahermosa

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Canadá comparte postura de EU sobre políticas de México con el maíz transgénico

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El gobierno de Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos respecto a las políticas de México sobre el maíz genéticamente modificado y está considerando los pasos a seguir en ese asunto, dijo una portavoz del Ministerio de Comercio canadiense.

México recibió este jueves una solicitud de Washington para abrir un panel de solución de controversias dentro del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) por las restricciones a la importación de maíz transgénico.

La Secretaría de Economía (SE) anunció en un comunicado que la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) le notificó su intención de dirimir el conflicto con un panel arbitral del Capítulo 31 del T-MEC, en vigor desde julio de 2020.

Estados Unidos considera, según la SE, que hay disposiciones incompatibles con el acceso a mercados y medidas sanitarias que establece el tratado en el “Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado” que el gobierno mexicano publicó en febrero pasado.

“La Secretaría de Economía se encuentra preparada para defender la posición mexicana ante este panel internacional y demostrar: 1) que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el tratado; y 2) que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales”, se lee en el comunicado.

Los roces han crecido desde el decreto que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impidió usar maíz amarillo o transgénico para consumo humano y fijó un plazo de dos años para la llegada de este grano destinado a forraje.

La molestia ha subido en Estados Unidos porque México es el segundo destino de sus exportaciones y es el principal importador de maíz amarillo estadounidense, que por lo general es transgénico y se usa para alimentar al ganado.

Pero López Obrador se mostró dispuesto desde marzo pasado a ir al panel de controversias al argumentar que sus medidas son para proteger la salud de los consumidores.

En la defensa de México, la SE anunció la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Economía explicó que la siguiente etapa es la designación de los miembros del panel, que anunciaría su decisión en el transcurso de 2024.

“La Secretaría de Economía reitera su disposición a cumplir con los compromisos suscritos en el T-MEC, a actuar conforme a derecho y a representar el interés nacional”, concluyó.

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Biden revela la dependencia económica de Estados Unidos en la venta de armas

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El presidente Joe Biden y su equipo han expuesto abiertamente la conexión entre la economía estadounidense y la venta de armas al solicitar fondos significativos para Ucrania e Israel. Biden destacó que al enviar equipo bélico a Ucrania, Estados Unidos reabastece sus arsenales con productos fabricados internamente, argumentando que esto fortalece la defensa del país. La Casa Blanca reconoció que el 60% de la asistencia militar a Ucrania hasta ahora ha beneficiado a la base industrial de defensa estadounidense.

La solicitud de más de $100 mil millones para Ucrania e Israel incluye más de $50 mil millones en contratos militares estadounidenses, beneficiando a empresas en casi todos los estados. La Casa Blanca enfatizó que esta ayuda militar no solo tiene ventajas geoestratégicas, sino que también revitaliza la base industrial de defensa, generando empleos bien remunerados en todo el país.

La dependencia de Estados Unidos en la venta de armas como impulsor económico no es una novedad, pero la franqueza con la que la administración actual aborda esta realidad marca un nuevo nivel de transparencia. Biden y su equipo argumentan públicamente que armar a otras naciones beneficia la economía y mantiene empleos de alta remuneración. Sin embargo, críticos como William D. Hartung señalan que las decisiones sobre ventas de armas deberían basarse en impactos estratégicos y de derechos humanos, no simplemente en beneficios económicos.

Expertos destacan que, a lo largo de 10 años, el gobierno de EE. UU. destina aproximadamente $4 billones a contratistas militares, en comparación con los $370 mil millones comprometidos para abordar el cambio climático. Esta dependencia de la economía en el gasto militar plantea preocupaciones sobre el debilitamiento de otras áreas esenciales, como infraestructura, salud y educación, mientras se refuerza el complejo militar-industrial.

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