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La Internacional Villahermosa

Nacionales

[Video] Enfrentamiento con normalistas de Ayotzinapa deja al menos cinco policías heridos

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Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX con normalistas de Ayotzinapa afuera de la Fiscalía General de la República (FGR) dejó al menos cinco policías heridos.

Se vivieron momentos de tensión en la FGR después de que durante el enfrentamiento se lanzaran bombas molotov y piedras que ocasionaron que tres oficiales fueran heridos.

Y es que tras la protesta en la FGR, que transcurría pacíficamente, un grupo de presuntos estudiantes de Ayotzinapa realizó pintas en las instalaciones y lanzó diferentes tipos de proyectiles por las supuestas omisiones de las autoridades en el caso de los 43 desaparecidos.

Ante ello se implementó un fuerte dispositivo de seguridad y se pidió la asistencia de los cuerpos de emergencia para atender a los elementos heridos, pues varios de ellos resultaron, según información extra oficial, con heridas en la piel en algunas extremidades de su cuerpo.

Hay que señalar que estudiantes y padres normalistas se encontraban en el lugar con el objetivo de exigir la extradición de Tomas Zerón, exfuncionario de la Procuraduría General de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de ocultar pruebas y entorpecer las investigaciones de la desaparición de los alumnos en Guerrero.


Nacionales

Organizaciones exigen a Sedena comprobar que no utilizó Pegasus para espiar a periodistas y activistas

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La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic exigió al gobierno y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentar pruebas que contradigan su informe Ejército Espía.

Con su publicación, las entidades aseguraron que las Fuerzas Armadas intervinieron el celular de dos periodistas y un activista de derechos humanos. Sin embargo, tanto el ejército como el Gobierno federal negaron los hechos.

Debido a esto, organizaciones insistieron que “la Sedena no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación ‘Ejército Espía’”. Es decir, “no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”.

En este sentido, las entidades no gubernamentales solicitaron a las Fuerzas Armadas que publiquen la totalidad de los contratos relacionados a la contratación y prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.

Así mismo, señalaron que presentaron los contratos del Gobierno con empresas que utilizan este software y que, al ser cuestionados al respecto, omitieron la información.

Por esto, pidieron “responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y R3D son falsos o auténticos”.

Dentro de sus demandas, también incluyeron la de especificar si las acciones de inteligencia, como las llamó el presidente López Obrador, incluyen la intervención de comunicaciones privadas de civiles.

Además, aseguraron que no se presentaron pruebas para contradecir el uso del malware Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.

Las organizaciones señalaron que la Sedena se contradijo, ya que admitió que utilizó el software Pegasus entre 2011 y 2013.

Sin embargo, “los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013″.

Adicionalmente, hicieron énfasis en que la Sedena no está facultada legalmente para intervenir los dispositivos de civiles, por lo que llevarlo a cabo va en contra de la constitución.

“La Sedena afirmó no haber solicitado autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas (…) por lo que aún si tuviera facultades legales, cualquier intervención de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilegal”, señalaron.

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