A dos años del desplome de un tramo de la línea 12 del metro de la capital mexicana, familiares y víctimas del hecho que dejó 26 fallecidos y más de un centenar de heridos, aún exigen justicia y la correcta reparación del daño.

En conferencia de prensa, debajo del sitio donde en 2021 vagones cayeron sobre la avenida Tláhuac, en el suroriente de Ciudad de México, las víctimas denunciaron corrupción, engaños y falta de interés por parte de las autoridades mexicanas.

Asimismo, acusaron al gobierno de la capital mexicana, así como a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), de proteger a la empresa constructora del magnate Carlos Slim, Cicsa-Grupo Carso.

Por ello, los familiares, representados por el abogado Teófilo Benítez, también anunciaron la creación de la Asociación de Víctimas de la Ciudad de México “para la defensa de los derechos de las víctimas y en especial para salvaguardar la seguridad en específico de todo el sistema de transporte colectivo metro”.

“Es en donde estamos en riesgo, no tan solo unos, sino todos los habitantes de la Ciudad de México y, por lo tanto, no podemos ser engañados por ninguna autoridad”, indicó Benítez.

Las víctimas y su representante legal también pidieron a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México; la fiscal Ernestina Godoy, y a Ernesto Alvarado, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, sentarse en una mesa para revisar evidencias sobre el actuar ineficiente de las autoridades.

El abogado explicó que los peritajes para calcular los daños fueron manipulados, como en el caso de David, a quienes los médicos le dijeron que tenía dos costillas rotas.

Sin embargo, tras una revisión externa se identificó que los huesos rotos iban desde la costilla dos hasta la número seis, por lo que incluso el monto cuantificado para su reparación fue incorrecto.

Benítez también contó que una niña de 12 años sufrió el mismo proceso y enfrenta complicaciones por un traumatismo craneoencefálico y expulsión de líquido cefalorraquídeo por la nariz.

Detalló que las autoridades de atención a víctimas habían perdido su expediente y estudios cuando su madre acudió a revalorar su caso.

Dentro de los fallecidos en este suceso se reportó la muerte del joven Brandon, cuya madre, Marisol Tapia, denunció este miércoles que las autoridades capitalinas la dejaron sola, no volvieron a contactarla y le retiraron el apoyo institucional como víctima.

El asesor jurídico detalló que se han sumado al menos tres víctimas que solicitarán la nulidad de los acuerdos reparatorios alcanzados con “engaños” de la autoridad, ya que aún cuentan con estragos y secuelas de por vida.

De acuerdo con la FGJCDMX, se han firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con las empresas constructoras, con apoyos que van desde los 10 mil pesos y hasta los 30 mil pesos.

En tanto, indicó que se otorgaron más de dos mil sesiones médicas y de rehabilitación por un monto superior a los 70 millones de pesos, mientras que acotó que solo 12 acuerdos reparatorios estaban pendientes.

Pero afectados denunciaron que esta cantidad es menor y que no rebasa los 3.5 millones de pesos y que son al menos 14 los acuerdos que no se han concretado.

La jefa de Gobierno anunció este mismo día que a finales de junio se abrirá el tramo de la línea 12, que desde hace dos años está en reforzamiento e inoperante.