El Tribunal Supremo de Estados Unidos pospuso por dos días más la decisión que debe tomar sobre la restricción nacional a la píldora abortiva mifepristona decretado por un juez federal de Texas.

El alto tribunal había suspendido la restricción hasta este miércoles a la medianoche, pero el juez Samuel Alito ordenó que el bloqueo siga vigente hasta el viernes 21 de abril a las 23:59 h local para ganar tiempo para analizar el caso.

En el centro de la disputa legal está la autorización sanitaria que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) dio hace 23 años a la mifepristona, usada en más de la mitad de abortos en el país.

El juez federal de Texas, Matthew Kacsmaryk, postulado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), ordenó el 8 de abril retirar la autorización sanitaria a la píldora abortiva.

La orden fue recurrida por el Gobierno de Joe Biden y un tribunal de apelaciones de Luisiana estipuló que el fármaco estuviera disponible solo hasta las primeras siete semanas de embarazo, tres menos que anteriormente, y que debiera ser recogido en persona.

Pero el Departamento de Justicia elevó el caso al Supremo alegando que la restricción tendría graves consecuencias para las mujeres y para la industria farmacéutica, por lo que el alto tribunal suspendió temporalmente el fallo.

Según el Instituto Guttmacher, una organización sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, el 54 por ciento de las interrupciones de embarazos en Estados Unidos en 2022 fueron con píldoras abortivas como la mifepristona o el misoprostol.

La batalla política y judicial en torno al aborto se reavivó en Estados Unidos en junio del año pasado, cuando el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, tumbó el derecho constitucional al mismo a nivel federal, dejando en manos de cada estado la decisión.

Tras ello decenas de estados gobernados por republicanos han restringido esta práctica.

La organización Planned Parenthood, que defiende una atención médica y reproductiva asequible de alta calidad en el país, calcula que desde entonces 18 de los 50 estados han prohibido el aborto o lo han restringido severamente, y que en 13 el acceso a ese servicio es en la práctica imposible aunque haya excepciones.