Nacionales
SCJN invalida traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por mayoría de ocho votos, el Pleno del máximo tribunal del país declaró inconstitucionales diversas modificaciones de ley que permitieron que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de la Sedena y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.
El ministro Javier Laynez Potisek consideró que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se trataron de un “fraude a la Constitución”.
“Lo que se transfiere a Sedena es el núcleo esencial que dota de contenido la adscripción de una unidad a un órgano administrativo, qué es la adscripción sino el control operativo y administrativo de una unidad complementado por la facultad de nombramiento, normatividad, regulación y disposición de los recursos personales, financieros y materiales.
“La transferencia de las funciones ya referidas crea, además, esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto respecto a la Secretaría de Seguridad Pública, por ello la transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución”, enfatizó.
En el proyecto elaborado por la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se argumentó la invalidez de estas reformas de ley por ser violatorias al artículo 21 constitucional, el cual establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías.
“Este traslado de facultades sí me parece que no honra la disposición contenida en el artículo 21 constitucional, sí me parece que afecta el perfil que el propio constituyente permanente quiso establecer para este cuerpo especializado de la Guardia Nacional”, sostuvo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, así como el ministro Arturo Zaldívar se pronunciaron en contra de declarar la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
“No comparto la conclusión de que el traspaso del control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional conlleve a que la llamada regla de adscripción referida a la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y haya quedada vaciada de contenido y ello implique que no esté subordinada al mando civil.
“La propia naturaleza de esta institución no es castrense ni construida con base en una disciplina militar”, aseveró la ministra Ortiz Ahlf.
Nacionales
Indignación en Umán por presunto envenenamiento de perros y un gato; presentan denuncia
Un caso de presunto maltrato animal provocó indignación entre habitantes del fraccionamiento Piedra de Agua, en Umán, Yucatán, luego de que una mujer señalada como catequista fuera acusada de haber envenenado a dos perros y un gato.
De acuerdo con versiones difundidas por vecinos, cámaras de videovigilancia habrían captado el momento en que la mujer proporcionó alimento a los animales, que posteriormente presentaron afectaciones y murieron. Los cuerpos fueron levantados por personal del Servicio Veterinario Forense de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Tras conocerse el caso, vecinos y activistas se concentraron frente al domicilio de la señalada para exigir justicia. Durante la protesta fueron realizadas pintas en las paredes del inmueble con mensajes de rechazo al maltrato animal.
Según los reportes, al ser confrontada por habitantes del fraccionamiento, la mujer habría reconocido su participación en los hechos. El Ayuntamiento de Umán informó que se presentó una denuncia penal para que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales exigen que los hechos sean esclarecidos y, de comprobarse el delito, se aplique la sanción establecida en la legislación de Yucatán.





