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La Internacional Villahermosa

Nacionales

SCJN invalida traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por mayoría de ocho votos, el Pleno del máximo tribunal del país declaró inconstitucionales diversas modificaciones de ley que permitieron que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de la Sedena y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.

El ministro Javier Laynez Potisek consideró que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se trataron de un “fraude a la Constitución”.

“Lo que se transfiere a Sedena es el núcleo esencial que dota de contenido la adscripción de una unidad a un órgano administrativo, qué es la adscripción sino el control operativo y administrativo de una unidad complementado por la facultad de nombramiento, normatividad, regulación y disposición de los recursos personales, financieros y materiales.

“La transferencia de las funciones ya referidas crea, además, esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto respecto a la Secretaría de Seguridad Pública, por ello la transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución”, enfatizó.

En el proyecto elaborado por la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se argumentó la invalidez de estas reformas de ley por ser violatorias al artículo 21 constitucional, el cual establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías.

“Este traslado de facultades sí me parece que no honra la disposición contenida en el artículo 21 constitucional, sí me parece que afecta el perfil que el propio constituyente permanente quiso establecer para este cuerpo especializado de la Guardia Nacional”, sostuvo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, así como el ministro Arturo Zaldívar se pronunciaron en contra de declarar la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

“No comparto la conclusión de que el traspaso del control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional conlleve a que la llamada regla de adscripción referida a la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y haya quedada vaciada de contenido y ello implique que no esté subordinada al mando civil.

“La propia naturaleza de esta institución no es castrense ni construida con base en una disciplina militar”, aseveró la ministra Ortiz Ahlf.


Nacionales

Demandan ex trabajadores del IMSS devolución de sus ahorros confiscados

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Ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han iniciado acciones legales para reclamar el pago de sus afores, los cuales alegan les fueron retirados por el gobierno federal de sus cuentas personales. Aunque 150 personas han procedido legalmente, en total 500 ex empleados se ven afectados en Tabasco.

En una conferencia de prensa, miembros del movimiento “Jubilados en Pie de Lucha del IMSS” denunciaron que el gobierno federal actuó de manera indebida al manipular administrativamente sus ahorros y confiscarlos.

William Lara Sosa, líder del movimiento a nivel nacional, señaló que estos fondos de retiro deberían haberse entregado al momento de la jubilación o pensión, según lo estipulado en el plan de pensiones. Sin embargo, fueron transferidos al gobierno federal, y ahora demandan que se les devuelva conforme a sus derechos.

Acompañado por María de Jesús Almeida García, coordinadora estatal del movimiento de jubilados, Lara destacó que estas prestaciones son autónomas e incompatibles, y que los demandantes son adultos mayores, lo que los hace vulnerables y protegidos por la constitución.

En su intervención, María de Jesús Almeida indicó que, de no recibir una respuesta satisfactoria, llevarán su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que son adultos mayores y están amparados por la ley.

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