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Resolución de SCJN; el mayor ataque a libertad de expresión en últimos 45 años: CIRT

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La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó a la opinión pública a través de un comunicado su absoluto rechazo a la sentencia del amparo aprobada por mayoría en la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 19 de enero de 2022, mediante la cual establece que los programas de radio y televisión tienen que distinguir claramente entre información y opinión, el cual es probablemente el más grave ataque a la libertad de expresión de los últimos 45 años.

A continuación, el comunicado:

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informa a la opinión pública su absoluto rechazo a la sentencia del amparo en revisión 1031/2019 aprobada por mayoría en la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 19 de enero de 2022.

Dicha sentencia es un ataque directo e inusitado a la libertad de expresión en México, al ordenar que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica.

Se trata de una obligación de imposible cumplimiento en la realidad y que va en contra del más elemental sentido común. La libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus comunicadores es la que les permite entreverar noticia y opinión; decidir la agilidad con la que se hace uso la comunicación; el derecho a la libertad editorial y el momento y la forma en que se utiliza. Es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y la televisión a controles y sanciones burocráticas, que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación.

Ante esta grave imposición sobre la radio y la televisión, se corre el riesgo inminente de que sean cancelados la mayor parte de los programas noticiosos y que se eliminen aquellas notas informativas en que terceros no distinguen entre información y opinión. Tal medida afectará la dinámica de trabajo de todos los medios, tanto públicos como privados, como es el caso de la transmisión de los encuentros en “Las mañaneras” del C. Presidente de la República, si no hace una clara distinción entre noticia y opinión.

Al haber propuesto tan desafortunada sentencia, el Ministro Juan Luis González Alcántara muestra su despreocupación y ligereza por los efectos antidemocráticos que la misma tiene sobre la libertad de expresión; desconoce por completo cómo funciona la radio y televisión; ignora que el principal derechos de las audiencias es estar informadas con oportunidad, veracidad y por medios y comunicadores libres, y nuevamente pone en desventaja a la radio y la televisión mexicanas respecto de otras plataformas de comunicación plenamente desreguladas, muchas de ellas con contenidos respecto de México generados desde el extranjero.

Estamos frente a un gran retroceso en la libertad de información y de expresión; probablemente el más grave de los últimos 45 años. La CIRT y los comunicadores de sus más de 1,400 estaciones de radio y televisión afiliadas refrendan su compromiso con la audiencia de que darán la batalla para no ser censurados y que haremos uso de todos los recursos legales que la ley nos concede para continuar ofreciendo a la audiencia mexicana contenidos de calidad, ágiles, entretenidos, comprometidos con la verdad y, antes que cualquier cosa: emitidos con total libertad y sin controles del Estado.

Se hace un atento llamado al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al IFETEL a fin de que este asunto pueda resolverse con pleno respeto a la Constitución, a los tratados internacionales celebrados por nuestro país, y la defensa del desarrollo democrático de México.

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Artesanas indígenas denuncian adeudo de más de 572 mil pesos de diseñador chiapaneco

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Chiapas.— Un grupo de 14 artesanas indígenas de Aldama denunció al diseñador tzotzil Alberto López Gómez, creador de la marca Kuxul Pok, por un presunto adeudo de 572 mil 800 pesos correspondiente a prendas elaboradas por ellas.

De acuerdo con la denuncia de las artesanas, durante años habrían confeccionado huipiles, rebozos, blusas, bufandas y otras piezas textiles para pedidos y proyectos de la marca, bajo el acuerdo de recibir el pago correspondiente después de su comercialización. Sin embargo, aseguran que parte del trabajo no les fue pagado.

El caso fue llevado ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y, según información difundida sobre el proceso, un inmueble relacionado con el diseñador fue asegurado como parte de las diligencias para garantizar la reparación del daño reclamada.

Las artesanas han manifestado que buscan recibir un pago justo por su trabajo y alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto. Hasta que las autoridades concluyan el procedimiento, las acusaciones contra el diseñador deberán considerarse señalamientos sujetos a investigación.

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