A casi dos semanas de la entrada en vigor de la prueba piloto que busca formalizar el trabajo en plataformas digitales en México, diversas voces han expresado preocupaciones sobre sus limitaciones y exclusiones. La Ley Federal del Trabajo ahora reconoce esta modalidad e incluye disposiciones para otorgar seguridad social a repartidores y conductores, sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada por expertos y asociaciones laborales.

Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), advirtió que el acceso a derechos laborales está condicionado por los ingresos netos mensuales de los trabajadores, lo cual podría excluir a una gran parte de ellos. Para cotizar al IMSS, el ingreso mensual debe ser igual o mayor al salario mínimo de la Ciudad de México. Quienes no lo alcancen serán considerados trabajadores independientes, con cobertura limitada únicamente a riesgos de trabajo.

Uno de los puntos más críticos es el porcentaje de exclusión que se aplica para calcular el ingreso neto. En esta primera fase (tres meses), se excluye el 60% de los ingresos de conductores de auto, 50% en moto y 15% en bicicleta. Esto significa que un conductor de auto tendría que generar más de 20,910 pesos mensuales para acceder a la seguridad social, una meta difícil incluso trabajando jornadas completas.

“Este modelo no considera el tiempo total conectado a la aplicación, sino solo cuando hay una orden activa”, explicó Guerrero. Esto deja fuera de cobertura a quienes permanecen conectados esperando pedidos, a menudo durante largas horas. Estudios revelan que muchos repartidores laboran hasta 60 horas semanales, sin que existan límites claros ni regulación sobre las tarifas impuestas por las plataformas.

Otro problema es la intermitencia laboral. Al basarse en ingresos variables, un trabajador podría ser reconocido como subordinado un mes y al siguiente no, lo que afecta su estabilidad y su derecho a la organización sindical.

La prueba piloto tendrá una duración de seis meses y está dividida en dos fases de tres meses. Al finalizar, se evaluarán los resultados para definir los porcentajes de exclusión permanentes que serán establecidos en la Ley del IMSS.

Guerrero concluyó que la expectativa es que el proceso de observación y análisis dé pie a reformas que realmente garanticen la inclusión total y efectiva de los trabajadores de plataformas digitales en el sistema laboral formal.