Confederaciones, Cámaras y asociaciones nacionales y estatales aseguraron que la decisión del Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de alimentos y bebidas envasados a los niños afectará toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, productores artesanales y pequeños comercios.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, la Asociación de Chocolate y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes aseguraron que la aprobación de esta iniciatica afectará a la industria.

Así como la Asociación Nacional de Productores e Refrescos y Aguas Carbonatadas, ConMéxico, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, entre otras, se manifestaron contra la medida.

En un comunicado, dijeron que están a favor de la salud y bienestar de los oaxaqueños y de manera proactiva no venden esos productos directamente en instituciones educativas.

“Esta decisión será de alto impacto económico a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, sector primordial en el Estado y afectando también productores artesanales y pequeños comercios a lo largo del territorio oaxaqueño”, afirmaron.

Aseguraron que el decreto que aprobó el congreso estatal “pretende ir más allá, al limitar la venta de productos como por ejemplo el chocolate oaxaqueño, granolas, yogures, cereales entre otros, en cualquier tiendita, restaurante, taquería, supermercado, etc”.

Esa decisión causará efectos adversos, porque “no sólo no resolverá el problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización”.

Expusieron que no hubo apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso de Oaxaca “por lo que rechazamos la prohibición” de vender esos alimentos y bebidas porque no se consultó a las partes afectadas.

Fuente: El Universal