Nacionales
Procesan a seis funcionarios por tortura sexual a periodistas en Puebla
Un juez ha vinculado a proceso a seis funcionarios municipales de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura sexual y abuso de autoridad contra dos periodistas y otras personas. Los acusados incluyen cinco policías municipales y un juez calificador.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), presentó más de 100 pruebas que fueron consideradas suficientes para procesar a los implicados. Las periodistas agredidas pertenecen a Enlace Noticias, un medio de comunicación en Puebla.
Los delitos se cometieron durante la detención de las víctimas en el marco de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Además de tortura sexual, se les acusa de abuso de autoridad por detenciones arbitrarias. Los imputados son Abel Sánchez, Víctor Valenzuela, Alberto Huertero, José Tapia, Mariela Maravilla y el juez calificador Jesús Venancio. La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este viernes que el Gobierno de México no ha detectado una presencia “significativa” ni “alarmante” del grupo delictivo transnacional conocido como el Tren de Aragua en territorio nacional.
El titular de la SSPC explicó que, de acuerdo con la información del gabinete de seguridad, el comportamiento delictivo atribuido a esta organización se concentra en al menos 11 entidades del centro del país, lo que ha derivado en detenciones recientes, aunque no precisó los estados donde se han registrado estos casos.
García Harfuch señaló que, si bien no se observa una expansión mayor del grupo criminal, los delitos vinculados a sus integrantes han sido de alto impacto. “Han sido delitos muy lamentables relacionados con explotación sexual y feminicidio, y han sido detenidos por estos delitos”, puntualizó.
Asimismo, informó que ya existen procesos judiciales en curso derivados de capturas realizadas durante los primeros meses del actual Gobierno.
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