Ulises, Nancy y Francisco, responsables del bar ‘Rich’ de San Luis Potosí, fueron vinculados a proceso por un juez de control debido al colapso de un barandal el pasado 7 de junio, que provocó la caída de asistentes desde un tercer piso durante un concierto. El incidente resultó en la muerte de dos personas y al menos 15 lesionados, cinco de ellos de gravedad.

Los tres detenidos enfrentan cargos por homicidio culposo y lesiones graves. Además, a Nancy, quien era la administradora del local, se le imputó el delito de incumplimiento de normas de operación y funcionamiento.

La fiscalía ha solicitado 30 años de prisión para los hombres y 40 años para la mujer. El juez determinó mantener la medida de prisión preventiva justificada, considerando el riesgo de fuga, por lo que los acusados permanecerán en el penal de La Pila durante los tres meses que se ha dado a la fiscalía para cerrar la investigación complementaria.

En agosto, se llevará a cabo una audiencia para la reparación del daño y la posible admisión de culpabilidad, lo que podría agilizar el proceso.

Ulises y Nancy fueron capturados en Michoacán en un operativo conjunto de autoridades locales, mientras que Francisco fue detenido en San Luis Potosí.

El 8 de junio, el gobierno municipal de San Luis Potosí clausuró el bar ‘Rich’, ubicado en Plaza Alttus. Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general del ayuntamiento, declaró que el local no tenía permisos para realizar eventos masivos como el concierto del 7 de junio.

En un video difundido en redes oficiales, Hernández confirmó que no se había solicitado permiso para el evento del cantante Kevin Moreno. La falta de control sobre la multitud fue identificada como la causa principal del colapso del barandal, que resultó en la tragedia.

El gobierno municipal se comprometió a cooperar con las autoridades estatales para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Alejandro I.P., de 21 años, y Rodrigo E.A., de 17 años.

Mauricio Ordaz, director de Protección Civil estatal, reveló que una inspección realizada el 15 de marzo determinó que el bar no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, por lo que se instó a los propietarios a corregir las deficiencias para obtener los permisos, lo cual no se hizo.