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La Internacional Villahermosa

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Presidente de la Corte Suprema de Colombia denuncia bloqueo violento al Palacio de Justicia

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Gerson Chaverra, condenó enérgicamente el bloqueo ilegal y violento perpetrado por manifestantes afines al Gobierno al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, calificándolo como “inaceptable”.

En una declaración, Chaverra expresó el rechazo de la Corte Suprema hacia el asedio al Palacio de Justicia, que afectó gravemente la libertad de movimiento y puso en peligro la vida e integridad de magistrados, empleados y periodistas.

“Exigimos al Gobierno nacional que brinde las garantías necesarias para el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos, sin presiones ni amenazas”, declaró el magistrado.

Los disturbios surgieron luego de que la Corte Suprema no lograra elegir a la nueva fiscal general este jueves, tras dos rondas de votaciones en las que ninguna de las candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro alcanzó la mayoría calificada de 16 votos.

Los manifestantes, congregados en la Plaza de Bolívar para protestar contra el fiscal saliente, Francisco Barbosa, rodearon el Palacio de Justicia en demanda de una pronta elección de la nueva fiscalía, impidiendo la salida de los magistrados.

La policía intercedió para restablecer el orden y evacuar a los funcionarios de la Corte Suprema del edificio. Chaverra reiteró el compromiso del tribunal con el derecho a la protesta pacífica, pero subrayó que el bloqueo violento a la justicia es inaceptable en un estado de derecho.

La presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, se unió al rechazo del bloqueo, reclamando respeto por la independencia judicial y denunciando los ataques y la violencia que solo entorpecen la toma de decisiones.

Fajardo hizo un llamado a la sensatez y la calma, destacando la legitimidad de la movilización ciudadana, pero instando a no bloquear, presionar o amedrentar a las instituciones judiciales, que necesitan tiempo y condiciones para deliberar y tomar decisiones.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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