La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió una investigación contra elementos de la Policía Estatal y Municipal de San Pablo Etla, tras la exhibición pública de una mujer desnuda por las calles de la agencia Hacienda Blanca.

De acuerdo con la información, la mujer fue retenida y despojada de su ropa por pobladores, quienes la acusaban de pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo. Sin embargo, los agentes que acudieron al lugar omitieron su deber de protegerla y no hicieron nada por cubrir su cuerpo, lo que derivó en un acto de exposición y humillación.

La DDHPO señaló que, independientemente de los señalamientos en su contra, la responsabilidad de las autoridades es garantizar la integridad y derechos de cualquier persona bajo su custodia. “Permitir su exposición pública en condiciones denigrantes representa una grave transgresión al derecho a vivir una vida libre de violencia”, subrayó el organismo, que ya inició un expediente de oficio para deslindar responsabilidades institucionales.

Asimismo, la defensoría urgió a las autoridades de San Pablo Etla a implementar protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, para evitar que se repitan situaciones similares.

Por su parte, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) condenó la violencia y humillación sufrida por la mujer, señalando que lo ocurrido no es un acto de justicia, sino de tortura, violencia institucional y una grave violación a sus derechos humanos. “La dignidad de las mujeres no se negocia”, expresó el colectivo, que también exigió justicia, sanciones a los responsables y garantías de no repetición.

En contraste, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, minimizó el pronunciamiento de la Defensoría, calificándolo como una postura “cómoda”, al asegurar que “es muy fácil criticar la actuación policial cuando no estuvieron ahí ni enfrentaron a la turba”.

El caso ha generado indignación y ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza pública, la actuación ante linchamientos y la urgente necesidad de aplicar un enfoque de derechos humanos en el actuar de las corporaciones de seguridad.