El monto de 30 millones de dólares que exige el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como reparación del daño para los casos Odebrecht y Agronitrogenados “es ilegal”, ya que carece de cualquier fundamento técnico y jurídico, afirmaron sus abogados defensores Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda.

A través de un comunicado, la defensa de Lozoya Austin afirmó que el monto solicitado a su cliente atenta contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación, además de violar sus derechos humanos

Los abogados agregaron que solicitar una reparación del daño tan elevada pretende mantener en prisión a Emilio Lozoya, a pesar de ser un testigo colaborador en casos de corrupción al más alto nivel.

Por lo anterior, los abogados rechazaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que justifican la negativa de concederle un cambio de medida cautelar al ex director de Pemex.

“Esta situación ilegítima pretende mantenerse —en agravio de un testigo colaborador como lo es Lozoya Austin—, restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño aplicable a los casos Odebrecht y Agronitrogenados”, señalaron los litigantes.

La defensa de Emilio Lozoya agregó que no existe justificación alguna para incrementar el monto de la reparación del daño de forma arbitraria y hasta en un 200%, ya que pasó de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares, violando lo que ya había acordado el Consejo de Administración de Pemex y un documento previo de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La nueva postura del gobierno de México no sólo violenta los acuerdos del Consejo de Administración de PEMEX y las acusaciones coadyuvantes de dicha empresa y de la UIF, sino que al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico, es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza, por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación”, concluyeron Ontiveros y Rojas.