Internacionales
ONU estima que reconstruir Turquía costará más de 100 mil mdd

La ONU estimó hoy que se necesitarán más de 100 mil millones de dólares para reconstruir las zonas de Turquía que resultaron damnificadas por los terremotos ocurridos el pasado mes de febrero.
Esta estimación es parte de una evaluación conjunta de la ONU, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Gobierno de Turquía, dijo la representante de la primera organización en Turquía, Louisa Vinton.
Dicha cifra no incluye la financiación de la reconstrucción de las localidades en el norte de Siria que también fueron devastadas por el desastre natural y donde la provisión de ayuda humanitaria es más difícil por razones de seguridad y logísticas.
Según Vinton, los sismos destruyeron, al menos, 214 mil edificios en las diez provincias turcas afectadas, causaron la muerte de 46 mil personas y forzaron a desplazarse a 2.7 millones de habitantes de la zona.
La representante lamentó que sólo ha llegado a Turquía el 9.6 por ciento de los mil millones de dólares de ayuda comprometidos inicialmente para el país, lo que dificulta la ejecución de los planes de reconstrucción anunciados por el Gobierno turco.
El próximo 16 de marzo tendrá lugar en Bruselas una conferencia internacional de donantes en la que los países intentarán acumular los 100 mil millones de euros que se consideran necesarios.
Vinton recalcó que las necesidades que deben cubrirse de manera más urgente son la adecuación de las instalaciones de gestión de residuos, los servicios básicos para las personas desplazadas y la reconstrucción del patrimonio cultural destruido.
Internacionales
Congreso de Perú aprueba informe que acusa a Pedro Castillo por actos de corrupción

El pleno del Congreso de Perú aprobó un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.
El informe final de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo sustentó y recomendó formular acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.
La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal, liderada por Castillo, según indicó el Congreso en Twitter.
Los delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.
A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.
El exmandatario fue detenido minutos más tarde de su anuncio de un “autogolpe” y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde el mandatario de ese país les dio asilo.
Precisamente, este jueves, la Fiscalía indicó que Lilia Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar en una organización criminal al interior del Gobierno de Perú.
“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García al exponer durante una audiencia judicial para pedir su detención preventiva.
Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la ex primera dama ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.