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Niños menores de 5 años los más vulnerables ante COVID-19: NICD

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Ante la cuarta ola de infecciones por COVID-19, provocadas por la variante Omicron, la preocupación de los padres de familia ha aumentado, especialmente porque los niños más pequeños aún no cuentan con una vacuna para protegerse del coronavirus.

De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, por sus siglas en inglés) los menores de 18 años han sido más afectados por la variante Ómicron que los adultos en el caso de los ingresos hospitalarios, sobre todo, los menores de cinco años.

Los especialistas sugieren que los menores entre 0 y 4 años han tenido ingresos hospitalarios 48.9 por ciento más altos durante la ola de Ómicron que en comparación con la variante Delta, mientras que los de 5 a 17 años han registrado un incremento de 25.4 por ciento.

“Las personas menores de 18 años son responsables de un número cada vez mayor de proporción de infecciones por COVID-19 identificadas y están asociadas con una tasa de admisión de casos cada vez más alta. Posiblemente, esto puede sugerir que los jóvenes se ven más comúnmente afectados por Ómicron en contraste con la población adulta”, destacaron los NICD.

Aunque el estudio señaló que la variante Ómicron puede llegar a ser menos peligrosa que las otras, pues en el promedio de todas las edades, las hospitalizaciones son menores.

“La variante de Ómicron está asociada con una cantidad significativamente menor tasa de ingreso hospitalario que las variantes anteriores. Esto puede sugerir que la variante Omicron está asociada con enfermedad menos grave que las variantes anteriores”, informaron.

Esto, explicaron, podría deberse a las campañas de vacunación que se han emprendido en el mundo que ha dotado de inmunidad a las personas frente a infecciones previas.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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