El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes, resultado de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes, reveló la organización México Evalúa.

En 2019 la impunidad se situaba en 92.4%, por lo que el dato de 2020 indica un aumento en la impunidad.

“A nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio”, detalló la organización como parte de los resultados de su octava edición de su evaluación del Sistema de Justicia Penal, Hallazgos.

Por estado, las entidades con mayores niveles de impunidad fueron Baja California, Guanajuato y Baja California Sur, que tuvieron incrementos de 19.6, 11.2 y 8.6, respectivamente.

En México, solo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país, se agregó en la evaluación.

De acuerdo con la organización, esto evidencia que en la práctica “ningún delito se esclarece realmente”, lo que se empeora si se toma en cuenta que también la prisión preventiva oficiosa y los procedimientos abreviados incrementaron en 21 y 16%, respectivamente.

Los resultados de este análisis se entregan a cinco años de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal, cuyo éxito “depende de reducir la asimetría que existe en la igualdad de las partes” en un proceso penal, el decir, entre víctimas y procesados.

El estudio integró una evaluación con enfoque de género en la operación y resultados del sistema penal, en el que se encontró que la prisión preventiva se aplica mayormente a mujeres.

Por ejemplo, una de cada dos mujeres se encuentra privada de su libertad esperando una sentencia, en comparación con los hombres que alcanzan una proporción de 4 de cada 10.

De igual manera, las mujeres reciben penas mayores por los mismos delitos en comparación de los hombres. Las penas de 21 o más años se dictan al 37% de las mujeres y el 27% de los hombres. Mientras que en las penas de 16 a 20 años se registran 9.6% en las mujeres, frente al 7.7% de los hombres.

También, al rendir su declaración, las mujeres son presionadas para dar otra versión de los hechos en mayor medida que los hombres y se les leen sus derechos en menor proporción.

Otro de los hallazgos del estudio evidencia que las Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las Fiscalías, pues ambas reciben poco presupuesto y carecen de apoyo para desarrollar sus propias investigaciones.

Una defensoría pública recibe, en promedio, ocho centavos por cada peso que recibe la Fiscalía, mientras que las CEAV reciben 32 centavos por cada peso que reciben las defensorías. A nivel nacional, sólo reciben el 2 y 1 por ciento del presupuesto destinado a este sector.

“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad a las víctimas. La fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal”, señaló Edna Jaime, directora general de México Evalúa.