Esta mañana, una mujer de nombre Viviana Juárez Ramírez se encadenó en el portón de la Quinta Grijalva, ante la inconformidad sobre procesos jurisdiccionales que se tramitan ante juzgados civiles y penales del Tribunal Superior de Justicia, la institución puntualiza lo siguiente:

En ningún momento el Poder Judicial ha desoído los requerimientos legales de la señora Juárez Ramírez, ya que en sentencia relativa al expediente 610/2011, tramitado en el juzgado primero civil del municipio de Centro se decretó pensión alimenticia de 17 días de salarios mínimos mensualmente a su favor y de su menor hija, y en contra del deudor alimentario Pedro Fernando Raúl Torres Beltrán.

Con posterioridad, la señora Juárez Ramírez tramitó ante el citado juzgado un incidente en el juicio de pensión alimenticia para gozar de un incremento en el monto de alimentos, trámite que se encuentra en proceso de atención. La autoridad judicial está en espera de un informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que éste dé a conocer las percepciones económicas del deudor alimentario.

Debido a incumplimientos del señor Pedro Fernando Raúl Torres Beltrán, el deudor de alimentos, ante juzgados de control de la región 9 del Centro de Justicia Oral Penal, el Ministerio Público local ha consignado –a petición de la señora Juárez Ramírez– cuatro carpetas de investigación:

I.- La número 552/2018, por el delito de violencia familiar, en la que el imputado fue vinculado a proceso penal el 11 de junio de ese año, pero culminó porque ambas partes acordaron una suspensión condicional del proceso y el 7 de enero de 2020 se tuvo por extinguida la acción y como consecuencia, el proceso se sobreseyó.

La carpeta 245/2020, por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. El señor Torres Beltrán fue vinculado a proceso el 17 de marzo de 2020, pero el 27 de noviembre de ese año de nuevo ambas partes acordaron la suspensión condicional del proceso por ocho meses. Este lapso culminará en julio de 2021, por lo que la carpeta se encuentra vigente. En enero pasado la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) informó a la autoridad jurisdiccional que el imputado está cumpliendo con lo acordado.

La tercera carpeta es la 793/2020, por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en la que se decretó la no vinculación a proceso el pasado 21 de febrero debido a que existe una suspensión condicional aprobada, fallo que apeló el fiscal del Ministerio Público y en tanto venzan los plazos se remitirá ante la segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia para sustanciar el recurso de apelación. La señora Juárez Ramírez fue notificada de esta decisión judicial el 1 de marzo pasado.

Y la cuarta carpeta es la 92/2021, también por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, y en razón de que en audiencia oral el imputado acreditó estar cumpliendo con los pagos, el 23 de febrero de 2021 se determinó no vincularlo a proceso. El fiscal del Ministerio Público apeló esta decisión, aunque reconoció que el señor Torres Beltrán tiene pagada la pensión de los meses de enero y febrero de 2021. Como consecuencia, el 5 de marzo se envió el recurso de apelación correspondiente y la Sala Unitaria Especializada de Oralidad se encargará de substanciar el mismo.

II.- Cabe señalar que a la señora Viviana Juárez se le ha atendido puntual y respetuosamente tantas veces como ha acudido a despejar dudas de sus procesos legales en trámite, pese a que lo ha hecho de manera violenta en varias ocasiones. Y ello tiene su motivación en que en el Poder Judicial de Tabasco estamos comprometidos con velar por el cumplimiento de los derechos humanos y se privilegia el interés superior de los menores.

Por todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia rechaza de manera contundente señalamientos de la quejosa de desatención o colusión para beneficiar a alguna de las partes en un juicio. No es con llamados estridentes a firmar minutas y citar a autoridades como se resuelve un juicio, existen las instancias legales, plazos y procedimientos y a ellos debemos atenernos si confiamos en el Estado de derecho que nos rige a los mexicanos.

Durante la manifestación de inconformidad de la señora Juárez Ramírez este día fue atendida, de nueva cuenta por la consejera de la Judicatura, Lilí del Rosario Hernández Hernández, así como personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno.