Tras los incidentes ocurridos después de la Marcha 8M, el Movimiento Feminista de Zacatecas ha levantado su voz para exigir la renuncia de Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública estatal; así como de Osvaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial. Demandan también sanciones para los elementos policiales que hayan violado los derechos humanos de las manifestantes.

En una serie de denuncias, el movimiento ha destacado el uso excesivo de la fuerza, abuso de poder y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. Se reportó el despliegue de un helicóptero policial con francotiradores, así como la presencia de 400 elementos femeninos de la Guardia Nacional, lo que generó un ambiente de intimidación.

Se exige al gobernador David Monreal una disculpa pública y el compromiso de reparar integralmente el daño a las víctimas, además de la integración de una Comisión Especial para atender cada caso con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención de Víctimas.

Según relatos de testigos, hubo 18 detenidas en Plaza de Armas, algunas de las cuales fueron retenidas ilegalmente durante una hora en la comandancia capitalina. Las detenciones fueron llevadas a cabo en un ambiente de tensión, donde los policías se emplearon con violencia.

Eugenia Hernández Reyes, una de las detenidas, describió el momento como caótico, con policías enfurecidos que emplearon la fuerza contra las manifestantes. Se mencionó que, incluso, se realizó un despliegue aéreo con helicópteros cerca de Plaza de Armas.

El movimiento también denunció la represión sufrida por fotógrafas y periodistas independientes durante los incidentes. Testimonios de mujeres policías aseguran haber sido agredidas por las manifestantes, aunque estas declaraciones han sido cuestionadas por la falta de evidencia.

El Movimiento Feminista de Zacatecas ha anunciado acciones legales, incluyendo denuncias penales y quejas ante instancias de derechos humanos, buscando justicia y responsabilidad por los abusos ocurridos después de la Marcha 8M.