Internacionales
Militares ejecutan a mujer trans [VIDEO]

Una mujer transexual murió este jueves por el disparo de un soldado cuando se desplazaba en automóvil con su pareja por una carretera del suroeste de Colombia, en una acción que reconoció y lamentó el ejército.
¡Me mataron a Juliana!, ese man le pegó un tiro en la cabeza (…) Ayúdenme, por favor, ¡ayúdenme!”, se escucha gritar al hombre que filma con su celular a la mujer inerte en el asiento de copiloto mientras unos cinco soldados rodean la escena.
El episodio, repudiado por el gobierno colombiano, quedó grabado en un video que se viralizó y coincide con las sangrientas protestas contra la violencia policial que han sacudido Colombia en los últimos días.
Juliana Giraldo, de 35 años, iba en un vehículo junto a su pareja, Francisco Larrañiaga, cuando de repente vieron salir a los soldados al borde de una carretera que comunica los municipios de Miranda y Corinto, en el departamento del Cauca, azotado por la violencia del narcotráfico.
Según la versión de él, uno de los militares abrió fuego contra el vehículo a pesar de que atendió una orden de detenerse.
Era lo mejor que me había pasado en la vida y me la quitó el ejército nacional”, dijo Larrañiaga, inconsolable, a la AFP.
En un comunicado, la Tercera División del Ejército dijo que la mujer murió “a causa de un disparo por parte de un integrante” de esa fuerza durante “labores de control”.
El uniformado que abrió fuego quedó “a disposición” de las autoridades que investigan “el lamentable acontecimiento”.
El presidente Iván Duque condenó en Twitter el “repudiable hecho”. El “responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento”, añadió.
El mando militar no ha ofrecido una explicación sobre las circunstancias del presunto homicidio, pero la pareja de la víctima insistió en que no violaron ninguna norma.
Nosotros criamos pollos, trabajamos con alimentos; nosotros no llevábamos armas, no utilizamos drogas, somos personas trabajadoras, somos personas humildes, somos civiles que no tenemos nada que ver con el conflicto”, añadió a la AFP.
La muerte de Juliana se produjo en un contexto muy sensible para la fuerza pública. Entre el 9 y 10 de septiembre fallecieron 12 personas, en su mayoría jóvenes alcanzados por proyectiles, en las protestas que siguieron al brutal y mortal castigo que recibió un ciudadano de 43 años a manos de dos uniformados.
Decenas de efectivos están siendo investigados por disparar sus armas contra los manifestantes, según la policía.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.