Durante el sexenio de López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó más de 66,000 cuentas vinculadas a cárteles, congelando 43,932 millones de pesos. Sin embargo, el 84% de los recursos fueron desbloqueados mediante juicios de amparo, evidenciando limitaciones en el uso de esta herramienta contra el crimen organizado.

El CJNG fue el cártel más afectado con más de 14,000 cuentas bloqueadas por 4,845 millones de pesos y 19.3 millones de dólares. Pese a los esfuerzos, las resoluciones de la SCJN han restringido el uso de la Lista de Personas Bloqueadas, permitiendo suspensiones provisionales que facilitan la liberación de fondos.

Expertos critican que el mecanismo de congelamiento de cuentas carece de respaldo constitucional al ser aplicado por una unidad administrativa y no judicial. Esto ha debilitado su eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y ha motivado propuestas para reformarlo con mayor respeto a los derechos humanos.

La UIF destacó que el bloqueo de cuentas inició en 2014 como medida contra el lavado de dinero. Sin embargo, especialistas subrayan la necesidad de ajustes legales para que los bloqueos sean solicitados por jueces, garantizando formalidades constitucionales y fortaleciendo su utilidad como herramienta anticorrupción.