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Lilly Téllez propondrá comisión especial para investigar a hijo de AMLO

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Lilly Téllez anunció que propondrá una comisión especial en el Senado de la República para analizar “las posibles conductas delictivas” de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, quien es acusado de vivir en una residencia en Houston, Texas, y que pertenecía a un directivo de Baker Hughes a cambio de supuestamente entregar contratos a Pemex.

La senadora del PAN acusó que existe un “burdo tráfico de influencias y conflicto de intereses” en lo que denominó como el escándalo Houston-Pemex. Por lo que hizo un llamado a explorar “todas las vías legales” tanto del lado mexicano como por parte de los Estados Unidos.

Señala que se violaron las leyes anticorrupción y los códigos de ética, sobre todo en lo relacionado a las empresas productivas del Estado. Tal comisión especial será propuesta en la sesión de mañana, adelantó la exintegrante de la bancada de Morena.

Mañana propondré en el Senado la creación de una comisión especial que analice las posibles conductas delictivas por parte de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y su pareja, por el burdo tráfico de influencias y el conflicto de intereses”, escribió Téllez.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente López Obrador rechazó que este caso se asemeje al de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y aseguró que sus hijos no tienen interferencia en las decisiones gubernamentales, así como que tampoco se meterá en el matrimonio de López Beltrán con Carolyn Adams.

Bark Hughes, la empresa señalada, negó que el inmueble donde habitan López Beltrán y su esposa nunca ha sido administrado de forma directa o indirecta por dicha compañía, además de que no estuvieron involucrados en la presunta transacción señalada por una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUs.

Nacionales

ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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