Menos de 15 días tienen instancias como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para responder a la “acción de inconstitucionalidad” que la bancada del PRI, en el Congreso local promovió contra la Ley Antiextorsiones o “Ley Garrote”, señaló la priista Katia Ornelas Gil.

Indicó que en caso de ser necesario irían hasta las instancias internacionales defensoras de los derechos humanos.

Manifestó no sólo la fracción parlamentaria del PRI local han manifestado su postura contra la reforma al Código Penal, sino que ha generado gran inconformidad e indignación a nivel nacional.

“Ya que juristas y ex ministros que saben de leyes han señalado que es un riesgo la propuesta de la reforma porque no se están quedando en la tema de la extorsión, sino que están abarcando el tema de libre la manifestación”, apuntó.

La priista manifestó que la Ley Antiextorsión va contra los derechos humanos y las garantías, además de que se reforma en un estado donde las protestas son constantes y a la ciudadanía participa en defensa de sus derechos cuando le es vulnerado.

“Vamos, como siempre lo hemos hecho, a través de la ley, de las instituciones, confiando en que lo que nosotros estamos promoviendo es el derecho progresista en el que la participación social es lo más importante”, apuntó.