La Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero, utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero solo obtuvo autorización judicial en el 0.24% de los casos. A pesar de que la ley exige siempre solicitar dicha autorización, la FGR justificó solo 328 peticiones ante jueces federales, dejando el uso del software en la mayoría de los casos sin justificación legal.

Los registros de transparencia mostraron que la FGR utilizó el software Geomatrix, adquirido a la empresa Neonlix de México S.A. de C.V., en más de 135 mil ocasiones. Sin embargo, la Fiscalía no ha proporcionado información sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas como resultado de estas intervenciones. Este uso masivo de la tecnología sin el debido respaldo judicial plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos de privacidad de los ciudadanos.

La FGR se negó a proporcionar detalles sobre las adquisiciones de tecnología bajo el argumento de ser herramientas esenciales para la investigación de delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, las solicitudes de transparencia y recursos de revisión lograron confirmar las compras y el uso extensivo del software sin el cumplimiento adecuado de las normativas legales. La respuesta oficial de la FGR a los recursos de revisión admitió que no contaba con información sobre el impacto real de estas intervenciones.

Luis Fernando García Muñoz, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), criticó la ambigüedad del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalando que permite interpretaciones que justifican el uso del software sin la autorización judicial necesaria. García Muñoz argumentó que esta mala redacción facilita abusos por parte de las autoridades en la vigilancia de geolocalización.