Internacionales
La DEA tiene prohibido hablar con la prensa mexicana

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, el gobierno de ese país ha tenido algunos desencuentros con Estados Unidos en temas como inmigración, tráfico de armas y combate al crimen organizado.
Estas diferencias se reflejaron en la oficina de prensa de la DEA, la cual cerró sus puertas a todos los medios mexicanos por orden de la titular de la agencia, Anne Milgram.
Al menos así lo reveló una fuente de esa dependencia antidrogas consultada por el semanario Proceso, al señalar que Milgram es la única que puede hablar con los medios de comunicación sobre lo que ocurre en México con el narcotráfico.
Dicha fuente, un funcionario de la propia DEA que pidió hablar bajo condición de anonimato, recordó que todo esto comenzó con los cambios que implementó López Obrador, en relación a los agentes asignados en territorio mexicano.
“Primero ocurrió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no aprobaba las visas para unos doce agentes y, luego, con la ley que instrumentó López Obrador, técnicamente ya no hubo acceso a lo que nuestros agentes tuvieron, especialmente con la PGR y la Policía Federal”, declaró al ser entrevistado en Estados Unidos.
Además, con la ley de seguridad del presidente mexicano, cada mes la DEA tiene que entregar a la cancillería un informe sobre las actividades de sus 54 agentes: dónde andan, qué hacen y especialmente si entran o salen del territorio mexicano.
“Esa nueva ley molestó desde un principio… Cuando Milgram llega como administradora, a ella en particular le irritó lo del informe y pensó que podría exigir que el gobierno mexicano hiciera una excepción”, agregó la fuente, quien detalló que pese a que hubo reuniones con autoridades de México las cosas no cambiaron, y la situación solamente empeoró
De acuerdo con Proceso, desde hace meses han estado insistiendo a la oficina de prensa de la DEA para conseguir una entrevista con Milgram y hablar sobre la cooperación en el combate al narcotráfico entre Estados Unidos y México.
Al llamar al teléfono de la oficina de prensa de la DEA contesta una grabadora, la cual pide dejar una solicitud mediante un correo electrónico a la dirección cibernética de la oficina general que atiende a medios.
Cuando llega la respuesta es también a través de correo electrónico con remitente y sin número de contacto. A la solicitud del reportero se contestó: “en estos momentos no es posible que ocurra la entrevista”.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.