Internacionales
La DEA tiene lista la petición para extraditar a Ovidio Guzmán

La jefa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, notificó a la Cámara de Representantes que pedirá formalmente a México el arresto de 16 miembros del Cartel de Sinaloa, incluidos dos hijos de El Chapo, y la inmediata extradición de Ovidio Guzman como parte de la operación para desmantelar la mayor red de tráfico de fentanilo a Estados Unidos.
“Nuestra más alta prioridad es obtener que esos 16 mexicanos que sean traídos a los Estados Unidos a enfrentar a la justicia en una corte criminal”, respondió a pregunta del presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, el republicano de Kentucky, Hal Rogers.
Milgram, quien fue fustigada por otros republicanos sobre contratos sin concurso asignados ex compañeros de trabajo y que sean parte de una investigación Federal, dijo que sólo uno de los 28 acusados se encuentra arrestado en Estados Unidos, seis más en Guatemala, Colombia y Grecia; uno en México, Ovidio Guzmán (arrestado en enero), y 20 que siguen fugitivos: cuatro chonos y 16 mexicanos.
“Así que vamos ahora a México para pedir su asistencia y que los arresten a esos 16 fugitivos y los extradite a Estados Unidos”, añadió Milgram, quien dijo que el arresto de Ovidio fue parte de una investigación de la DEA. También indicó que la DEA trabaja en coordinación con el Departamento de Justicia para lograr la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero.
El Departamento de Justicia acusó el pasado 14 de abril a 28 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos tres hijos de Joaquín El Chapo Guzman, así como cómplices internacionales bajo la operación Chapitos, otro de los esfuerzos de la administración Biden por desmantelar la principal red de trasiego ilegal de fentanilo en Estados Unidos.
Ante insistentes preguntas de Rogers sobre el nivel de cooperación del gobierno mexicano en la lucha contra las drogas, Milgram evitó repetir las acusaciones que formuló en febrero pasado ante el Senado, donde acusó a México de cooperación insuficiente para compartir información, desmantelar laboratorios clandestinos de fentanilo, así como para detener y extraditar a narcotraficantes Estados Unidos.
“Todos necesitamos hacer más”, respondió en esta ocasión. “Nosotros en la DEA estamos haciendo más. Queremos trabajar con México a fin de que puedan trabajar con nosotros y hacer más para poner a todo mundo bajo custodia, para destruir los laboratorios secretos y frenar el fentanilo que entra a Estados Unidos y México”, respondió a Rogers.
Milgram también se rehusó a hablar a detalle sobre una investigación iniciada por la oficina del inspector general del Departamento de Justicia sobre contratos por 4.7 millones de dólares que adjudicó sin licitación amigos y ex compañeros de trabajo.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.