Un juez federal determinó vincular a proceso a cinco presuntos involucrados en la muerte de 40 personas durante un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata de los agentes del Instituto Nacional de Migración, Daniel Goray Yosioka, Rodolfo Collazo de la Torre, y Gloria Liliana Ramos García, así como el guardia de seguridad privada Alan Omar Pascual Ventura, y el migrante venezolano Jaison, acusado de iniciar el fuego con la quema de colchonetas.

Durante la audiencia los agentes del INM, así como el guardia de seguridad privada fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales en la modalidad de comisión por omisión.

En cuanto al migrante originario de Venezuela, el juez de control consideró que había elementos suficientes para iniciarle a proceso por los delitos de homicidio y lesiones dolosos, como autor material por acción de esta tragedia.

Además de dictar el auto de vinculación a proceso, el juez ordenó al Ministerio Público de la Federación iniciar una investigación por presuntos actos de tortura y tratos crueles e inhumanos en perjuicio de las personas migrantes que eran llevadas a esa estación migratoria, que dijo el juez, era una cárcel pues había barrotes y las personas en situación de movilidad no pudieron ponerse a salvo del fuego.

De acuerdo con múltiples testimonios recabados por el Ministerio Público, el lugar no contaba con salidas de emergencia y había cuatro extintores pero en el edificio, no el el área de detención.

Dos de los acusados Daniel y Rodolfo, agentes federales de Migración y quienes se ubicaron fuera de las instalaciones al momento que ocurrió el siniestro rindieron declaración ante el juez, sin embargo, se concluyó que el primero de ellos era el representante en la Zona Noroeste del INM y estaba a cargo de esa estación migratoria y previo a los hechos había incumplido con su trabajo al no proveer de agua, alimentos, ni extintores. En general, dijo el juez, él ayudó a generar un “caldo de cultivo” que llevó al fatal desenlace.

También resaltó que él permitió que los migrantes permanecieran un periodo excesivo en esa estación migratoria, pues ahí había personas detenidas desde el 24 de marzo, e incluso desde febrero, aun cuando la ley marca que deben permanece un máximo de 36 horas

Respecto a Rodolfo, el juzgador estableció que si se encontraba en el sitio al momento que inició el fuego y aunque las personas migrantes le pidieron ayuda a gritos, él se limitó a decir “apaguen eso” y después salió del área.

Respecto a Gloria, con todas las declaraciones de los testigos y del contraalmirante y titular del INM en Ciudad Juárez, Salvador González Guerrero, se concluyó que ella tenía las llaves de las áreas varonil y femenil de la estación migratoria, pero sólo se abrió la reja donde estaban las mujeres.

En cuanto al guardia Alan Omar, de acuerdo con la resolución jurisdiccional, le derivó responsabilidad debido al contrato de prestación de servicios que firmó la empresa para la cual él labora con el INM, donde se estableció que los guardias deben realizar la revisión corporal de las personas que ingresan a la estación migratoria para evitar la introducción de objetos prohibidos, como encendedores.

Además, se le acusa de no haber prestado auxilio a los migrantes que estaban encerrados y que murieron varios sobrevivientes lo acusan de no haberlos ayudado.

En cuanto a la persona migrante, el juez le cuestionó si no había otra forma de manifestarse que no fuera iniciando un incendio; también señaló que entendía que es muy probable que él no quisiera haber provocado la muerte y lesiones a las otras personas, pero dijo es innegable que al incendiar unas colchonetas, el fuego se iba a propagar.

El defensor del migrante expuso que de ser una víctima, Jeison pasó a ser el rostro de la responsabilidad. Denunció que inicialmente no tuvo asistencia consular y que por horas fue sometido a un trato cruel e inhumano.

La Fiscalía General de la República aseguró en un comunicado que “continúa con el resto de las investigaciones sobre las responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y sobre los particulares vinculados con los servicios de seguridad privada”.