Internacionales
Juez peruano rechaza imponer 36 meses de prisión a esposa de Pedro Castillo
Un juez peruano rechazó este miércoles la solicitud de la Fiscalía de imponer 36 meses de prisión preventiva a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo Terrones (2021-2022) y actualmente asilada en México, así como a dos de sus hermanos, en la investigación abierta por un presunto caso de corrupción gubernamental.
El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró “fundada la nulidad” del pedido fiscal, que fue presentada el pasado lunes por los abogados de Paredes y sus hermanos Walter y David.
“En consecuencia se declara improcedente el requerimiento de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público”, remarcó el magistrado.
Justiniano detalló que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada hasta el momento a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.
El juez remarcó, sin embargo, que su resolución “deja a salvo el derecho del Ministerio Público” para que pueda volver a formular los requerimientos judiciales “que considere pertinentes”.
Tras conocer la decisión, el representante fiscal anunció que iba a presentar una apelación “en el plazo correspondiente” y los abogados defensores manifestaron su conformidad.
Lilia Paredes asistió de manera virtual a la audiencia, aunque solo fue requerida para que acredite su nombre completo y documento de identidad.
El magistrado realizó este audiencia tras haberla reprogramado el pasado lunes mientras resolvía los recursos de nulidad presentados en ese momento por la defensa de los implicados.
Internacionales
Trump confirma destrucción de submarino usado para tráfico de drogas en el Caribe
Washington, D.C.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron un submarino semisumergible que estaba siendo utilizado para el tráfico de drogas en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana.
El ataque, realizado el 16 de octubre de 2025, dejó un saldo de seis presuntos narcotraficantes muertos y dos sobrevivientes capturados, quienes actualmente permanecen bajo custodia en un buque de la Marina de los Estados Unidos. Trump calificó a los atacantes como “narcoterroristas” y señaló que el gobierno de Nicolás Maduro ha ofrecido “todo” para evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos.
Estas acciones forman parte de una campaña militar estadounidense dirigida a combatir el narcotráfico en la región, que ha incluido ataques a embarcaciones vinculadas a organizaciones criminales venezolanas desde septiembre de 2025.
El gobierno de Venezuela ha reaccionado denunciando estas operaciones como violaciones a su soberanía y ha movilizado a su milicia, mientras que en Estados Unidos algunos legisladores cuestionan la legalidad de los ataques sin la aprobación del Congreso.
Trump enfatizó que las acciones buscan interrumpir las rutas de narcotráfico y desmantelar las estructuras criminales en la región, reafirmando el compromiso de su administración de mantener el control sobre el tráfico de drogas en el Caribe.
El hecho genera preocupación internacional por la escalada de operaciones militares y plantea interrogantes sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, así como sobre la seguridad en la región fronteriza del Caribe.





