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Juez Federal en México frena extradición de Rafael Caro Quintero a EE. UU.
El Subsecretario de Seguridad Nacional, Luis Rodríguez Bucio, ha revelado que un juez federal con sede en el Estado de México ha favorecido al capo Rafael Caro Quintero al evitar su extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por el secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena.
Durante la conferencia matutina de hoy, en la sección “jueces que favorecen a presuntos delincuentes”, el Subsecretario señaló que el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, José Fernando García Quiroz, detuvo el proceso de extradición del narcotraficante.
El 22 de septiembre, el juez otorgó una suspensión provisional a favor de Rafael “N” contra el procedimiento de extradición número 5/21013, lo que impide cualquier acción destinada a extraditarlo del territorio nacional. Rafael “N” es buscado por una corte del Distrito Central de California por varios delitos, incluyendo el secuestro y homicidio del agente federal estadounidense Enrique “Kiki” Camarena.
Enrique “Kiki” Camarena Salazar, nacido en Mexicali, Baja California, en 1947, se naturalizó como ciudadano estadounidense después de haber servido en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tras unirse a la DEA, fue enviado a Guadalajara, Jalisco, en 1981, donde investigó encubiertamente al Cártel de Guadalajara. Su secuestro y posterior asesinato en 1985 fueron atribuidos a Rafael Caro Quintero, lo que lo convierte en un objetivo de las autoridades estadounidenses hasta la fecha.
Nacionales
Abren investigación por presunto obsequio de alto valor a alcaldesa de Acapulco
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación en contra de la presidenta municipal de Acapulco, tras una denuncia que señala la presunta entrega de un objeto de lujo mientras ejercía funciones públicas.
De acuerdo con la información disponible, el señalamiento se relaciona con un collar valuado en aproximadamente 227 mil pesos, cuya entrega habría ocurrido durante el desempeño del cargo, lo que podría configurar un posible caso de cohecho, dependiendo del contexto y las circunstancias en que se habría recibido.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía ya citó a la funcionaria para rendir su declaración, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si el obsequio constituye una falta administrativa o un delito conforme a la legislación vigente.
Será la autoridad competente la encargada de establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente o, en su caso, descartar cualquier irregularidad, en apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.






