Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria en funciones de jueza del juzgado séptimo de distrito en el estado de México, emplazó al gobierno federal para que, a más tardar en cinco días, inicie un plan de vacunación contra el Covid-19 que considere a todos los adolescentes de 12 a 17 años para que reciban el biológico sin importar su estado de salud.

Gámez Galindo otorgó el 7 de octubre una suspensión definitiva con efectos generales, que ordena al gobierno federal adicionar o actualizar la política nacional de vacunación para inocular a menores de 18 años contra el coronavirus, entre julio de 2021 y marzo de 2022, pues consideró que este grupo etario tiene alto riesgo de contagio de la variante delta.

En su resolutivo, la funcionaria advirtió que de no cumplirse el mandamiento judicial, el gobierno federal estaría incurriendo en el delito de “abuso de autoridad”, y denunciaría el desacato ante la Fiscalía General de la República.

Añadió que si las autoridades sanitarias emiten un acuerdo interno para ordenar abstenerse de recibir promociones, demandas, amparos o requerimientos del presente amparo, serán notificadas en los correos electrónicos institucionales.

Si admite la notificación por esta vía, el actuario acudirá a la sede de las dependencias a levantar un acta, asentará la negativa de los servidores públicos y tendrá por hecha la notificación.

La Jornada publicó que debido al regreso a clases presenciales en la educación básica, los padres siguen tramitando cientos de amparos particulares o colectivos en la Ciudad y estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y otras entidades, para que el gobierno federal vacune a sus hijos.