Internacionales
Japón registra el número más bajo de nacimientos en su historia

Según datos preliminares publicados por el gobierno japonés este martes, el país experimentó una disminución continua en el número de nacimientos en 2023, marcando el octavo año consecutivo de descenso y alcanzando un mínimo histórico.
El número de nacimientos en 2023 se redujo a 758,631, lo que representa una disminución del 5.1% en comparación con el año anterior. Mientras tanto, el número de defunciones alcanzó una cifra récord de alrededor de 1.59 millones, marcando el tercer año consecutivo de aumento, según el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.
Además, el número de matrimonios también disminuyó un 5.9% en comparación con el año anterior, cayendo por debajo de 500,000 por primera vez en 90 años. En el mismo período, los divorcios aumentaron un 2.6%, llegando a 187,798 parejas, según los datos oficiales.
Estas cifras reflejan el desafío demográfico creciente que enfrenta Japón, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una de las esperanzas de vida más altas. Los expertos atribuyen esta situación a diversos factores, incluidos el alto costo de vida, el espacio limitado, la falta de apoyo para el cuidado de los niños y los cambios en las actitudes hacia el matrimonio y la familia.
Ante esta crisis demográfica, el gobierno japonés ha implementado diversas iniciativas para abordar el declive en la natalidad, que incluyen políticas para mejorar los servicios de guardería, promover la vivienda para familias y, en algunos casos, otorgar incentivos económicos a las parejas para que tengan hijos.
El primer ministro Fumio Kishida ha advertido sobre la gravedad de la situación demográfica del país, afirmando que Japón está “al borde de no poder mantener las funciones sociales” debido al descenso en la natalidad.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.