Pekín. En una sesión especial, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó por unanimidad este martes una nueva ley de seguridad nacional, apenas once días después de su presentación. Esta normativa, cuya vigencia comenzará el próximo sábado, incluye disposiciones para los delitos de traición, espionaje, injerencia externa, secretos de Estado y sedición, lo que amplía los poderes del gobierno chino sobre los movimientos disidentes.

Conocida localmente como Artículo 23, la nueva legislación fue aprobada rápidamente por 88 de los 90 miembros del consejo, a solicitud del líder de la ciudad, John Lee, tras un breve debate que comenzó el pasado 8 de marzo. Este nuevo texto complementa la primera ley de seguridad nacional implementada en 2020, en respuesta a las protestas prodemocracia del año anterior.

John Lee comentó tras la votación: “Hemos cumplido con la confianza del país y no hemos decepcionado al gobierno central”. Aseguró que este paquete de leyes es esencial para poner fin a los disturbios y combatir lo que describió como “espionaje occidental”.

El presidente del consejo parlamentario, Andrew Leung, expresó que todos los legisladores estaban satisfechos de haber participado en esta “misión histórica”. “Coincido plenamente con las palabras del jefe del Ejecutivo: cuanto antes se complete la legislación, antes se garantizará la seguridad nacional”, agregó.

La nueva ley establece penas para una amplia gama de acciones consideradas como “amenazas a la seguridad nacional”, con castigos que van desde cadena perpetua para delitos graves como la traición y la insurrección, hasta años de cárcel por infracciones menores, como la posesión de publicaciones sediciosas. Además, algunas disposiciones permitirán procesar actos cometidos en cualquier parte del mundo.

China y las autoridades de Hong Kong han argumentado que estas nuevas leyes son necesarias para cerrar “lagunas legales” y “restaurar la estabilidad” en la ciudad, asegurando que su legislación es similar a las leyes de seguridad nacional en otros países.

La comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña, ha expresado preocupación por esta nueva legislación, instando a los legisladores a tomarse más tiempo para examinar su impacto.