Internacionales
Golpe al proyecto de salud de Petro: Congreso busca hundir la propuesta en el Senado

La reforma a la salud propuesta por el gobierno colombiano de Gustavo Petro sufrió un revés significativo este martes, ya que podría ser archivada en el Senado debido a la oposición de varios congresistas.
La iniciativa recibió una ponencia negativa por parte de ocho legisladores, quienes buscaron que el proyecto no se debatiera y fuera archivado por completo. Estos congresistas incluyen a Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, José Alfredo Marín y Nadia Blel del Partido Conservador, Lorena Ríos de Colombia Justa Libre, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Berenice Bedoya de la Alianza Social Independiente (ASI) y Norma Hurtado de La U, quien se unió recientemente al grupo.
Los parlamentarios de la Comisión Séptima de Senado argumentaron que la reforma propuesta por Petro tiene deficiencias tanto en forma como en contenido, además de considerarla innecesaria para el país.
Entre las críticas presentadas se encuentra el señalamiento de que el proyecto “coarta la libertad de elección de los usuarios en la prestación de servicios de salud” y no establece claramente la ruta de atención al paciente ni la entrega de medicamentos. Además, se cuestiona que no cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda y solo presenta proyecciones de gastos adicionales.
Los senadores también argumentaron que la reforma desconoce los avances del sistema de salud, no resuelve los desafíos actuales, carece de transparencia en el manejo de los recursos y no representa un consenso nacional.
Con la adhesión de la senadora Norma Hurtado, la mayoría de la comisión se inclina por el archivo del proyecto, lo que significa un obstáculo significativo en su avance en el Congreso.
Si la reforma se hunde en el trámite actual, deberá archivarse por completo y comenzar de nuevo en el Congreso, lo que implicaría un reinicio completo del proceso legislativo.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.