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Nacionales

Gobierno ha decomisado 39 mil 782 armas en lo que va del sexenio

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Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que se han decomisado, en lo que va del sexenio, un total de 39 mil 782 armas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sandoval González​ apuntó que se ha visto un incremento muy importante en el aseguramiento de armamento calibre 50, ametralladoras y fusiles Barrett.

Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de mayo de 2023, 39 mil 782 armas, estas son de diferentes calibres”, enfatizó.

“Aquí sí considerar que de estas armas de fuego, donde se ha visto el incremento mucho muy importante es en armamento calibre 50, ametralladoras o fusiles Barrett, que es donde hemos observado este incremento”, enfatizó.

El titular de Sedena apuntó que el 70 por ciento de las armas decomisadas son de origen estadounidense, las cuales entran a travé de la frontera con Texas y por California.

“Estas armas son de producción estadounidense y tomando en consideración esta cantidad que ustedes pueden ver en la lámina, en el 2018 mil, 479 armas; en el 2019 7 mil 891; en el 2020, 10 mil 036; en el 2021 7 mil 624, en el 2022, 10 mil 085, y lo que llevamos del año son son 3 mil 667, armas, es una cantidad importante”, indicó.

“Aproximadamente el 70 por ciento, es lo que hemos estado manejando de origen estadounidense, de fabricación estadounidense, de todo el total”, puntualizó.

“Las armas que vienen de Estados Unidos, las tenemos identificadas que pudieran están entrando por las fronteras de Texas, en la frontera sobre California, que es donde se ha llegado a detectar que hay paso de lamento”, externó.

Además, detalló que la cantidad de cartuchos asegurados entre diciembre de 20198 y mayo de 223 acumulan más de 18 millones: “es lo que hace la letalidad del arma, el tener esta cantidad de municiones donde se pueden emplear las armas”.

Nacionales

ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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