El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la empresa Grupo México, liderada por Germán Larrea. Esta acción legal se basa en la acusación de que Grupo México no cumplió con un contrato de remediación después de un devastador derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora en 2014, que se considera uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de México.

La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, anunció esta denuncia durante una conferencia de prensa matutina. Ella expresó que la empresa no ha cumplido con el acuerdo de remediación ambiental que se firmó el 15 de septiembre de 2014 como parte de las acciones para remediar, reparar y compensar los daños ambientales, a la salud pública y los daños materiales a las personas derivados del derrame.

Albores también informó que un Dictamen Diagnóstico Ambiental sobre el Río Sonora realizado por la Secretaría del Medio Ambiente mostró que los niveles de metales superan las normas nacionales e internacionales. Se observó un aumento en las concentraciones de varios metales relacionados con la proximidad al punto del derrame, así como un impacto en los ecosistemas de la región debido a la actividad minera. Además, se detectó la presencia de mercurio en el aire por encima de los valores recomendados.

La secretaria señaló que las comunidades afectadas deberían aprobar el programa de remediación propuesto por Grupo México y que la Secretaría debe otorgar su autorización para supervisar su implementación.

El Gobierno actual considera que el derrame no fue un simple accidente, por lo que solicitó a Grupo México que desarrollara un nuevo plan de remediación que abarcase no solo el suelo, sino también el agua, la flora, la fauna y el aire.

Hasta el momento, Grupo México no ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios. La empresa fue multada por los daños causados en su momento y se le exigió crear un fideicomiso que, según la autoridad ambiental, no proporcionó las compensaciones adecuadas. Las acciones de la empresa, una de las principales productoras de cobre a nivel mundial, con operaciones en los sectores de infraestructura y transporte, experimentaron una caída de más del 2% a 76.77 pesos tras la noticia, según datos de Reuters.