Internacionales
“Fito” se declarará no culpable en EE.UU.

El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la temida banda Los Choneros, se declaró este lunes “no culpable” de los siete cargos que le imputa la justicia estadounidense, durante su primera comparecencia en una corte federal de Nueva York, tras haber sido extraditado desde Ecuador.
En la audiencia celebrada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York y presidida por la jueza Vera Scanlon, Macías, acompañado de sus abogados y con ayuda de un intérprete, rechazó los cargos que incluyen narcotráfico y tráfico de armas, delitos que podrían acarrearle penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.
Vestido con uniforme de presidiario —pantalón caqui, camisa oscura, camiseta y zapatillas naranjas— el líder criminal apareció en la sala sin esposas, mostrando una actitud relajada y sonriente.
“Fito pronto se enfrentará a la justicia en Estados Unidos por liderar una despiadada organización criminal transnacional”, escribió en la red social X el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien también afirmó que la administración Trump mantiene su compromiso para combatir el narcotráfico en colaboración con aliados regionales como el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
La fiscalía estadounidense solicitó su detención permanente argumentando su alta peligrosidad y riesgo de fuga. Su extradición, realizada el domingo, se produjo semanas después de su recaptura, luego de haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad a inicios de 2024. Según la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Fito aceptó su extradición de forma “libre y voluntaria” en una audiencia telemática.
La evasión de Macías provocó una fuerte crisis de seguridad en Ecuador y motivó al presidente Noboa a declarar un “conflicto armado interno”, medida que aún sigue vigente y permite a las fuerzas armadas intervenir en cárceles y patrullar las calles. Esta política ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Fito” se convierte en el primer ciudadano ecuatoriano en ser extraditado desde su país tras la reinstauración de esta figura legal mediante un referéndum impulsado por el actual gobierno en el contexto de su lucha frontal contra el crimen organizado.
Ecuador, que alguna vez fue considerado un país pacífico en la región, enfrenta hoy una grave crisis de violencia alimentada por la guerra entre bandas del narcotráfico, que aprovechan su ubicación estratégica, su economía dolarizada y los altos niveles de corrupción. De acuerdo con fuentes oficiales, el 73% de la cocaína mundial pasa por sus puertos. En 2024, el país incautó un récord de 294 toneladas de drogas.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.