La fiscal Sandra Gutiérrez emitió un mandato de aprehensión contra Evo Morales por el presunto delito de trata de personas. El caso se relaciona con el supuesto arreglo con los padres de una menor de 15 años en 2015, cuando Morales era presidente. La fiscalía emitió la orden en octubre, pero recién la reveló este lunes debido a la complejidad del proceso.

La orden no ha podido ejecutarse por conflictos sociales desatados por seguidores de Morales, quienes bloquearon carreteras durante 23 días en rechazo a lo que califican como persecución política. La fiscal explicó que los operativos enfrentaron agresiones y amenazas contra los agentes encargados de la captura. Morales, por su parte, permanece en su bastión del Chapare cocalero, centro del país.

El caso, que ha estado bajo investigación desde 2020, se centra en la relación de Morales con la menor, quien habría dado a luz a una hija en 2016. La fiscalía sostiene que los padres de la adolescente buscaron obtener beneficios políticos a cambio de su hija, lo que constituye trata de personas agravada, delito con penas de 10 a 15 años. También se presentó imputación contra la madre de la supuesta víctima.

Morales desestima las acusaciones, calificándolas de “lawfare” promovido por el gobierno de Luis Arce para proscribirlo de la contienda electoral de 2025. Este es el segundo mandato de aprehensión contra el líder cocalero por el mismo caso, después de que uno anterior fuera revocado en septiembre tras un recurso de su defensa.