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FGR logra sentencia de 59 años de prisión contra dos miembros de organización criminal
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, ha conseguido una sentencia de 59 años y 4 meses de prisión contra dos miembros de una organización criminal. Los acusados enfrentaron cargos por secuestro, acopio y posesión de armas exclusivas del ejército.
Christopher “R” y Juan “C”, identificados como miembros del Cártel de los Arellano Félix, fueron detenidos en octubre de 2004 en Tijuana, Baja California, por agentes ministeriales de ese estado. Durante la detención, se les incautaron armas de fuego, cartuchos y marihuana, y se logró la liberación de dos personas que estaban secuestradas.
Después de un proceso legal que incluyó la reposición de procedimientos, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, emitió una sentencia histórica de 59 años y 4 meses de prisión para cada uno de los acusados. Actualmente, se encuentran cumpliendo su condena en el Centro Federal de Readaptación Social 18 “CPS-Coahuila”.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación en contra de la presidenta municipal de Acapulco, tras una denuncia que señala la presunta entrega de un objeto de lujo mientras ejercía funciones públicas.
De acuerdo con la información disponible, el señalamiento se relaciona con un collar valuado en aproximadamente 227 mil pesos, cuya entrega habría ocurrido durante el desempeño del cargo, lo que podría configurar un posible caso de cohecho, dependiendo del contexto y las circunstancias en que se habría recibido.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía ya citó a la funcionaria para rendir su declaración, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si el obsequio constituye una falta administrativa o un delito conforme a la legislación vigente.
Será la autoridad competente la encargada de establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente o, en su caso, descartar cualquier irregularidad, en apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.
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